La noche del 6 de julio de 2011, la vida le cambió a Roberto y Mercedes. Dos niños perdieron a su madre y luego fueron sacados a México ilegalmente y a su vuelta, la abuela paterna y su progenitor fueron llevados a prisión. Ocho años después, de la desaparición de Cristina, su padre falleció por complicaciones relacionadas con coronavirus. Ahora, un juzgado le puso un precio de Q10 mil al infierno que vivieron los hijos de Cristina Siekavizza.
La noticia de la desaparición de una mujer, en el área de carretera a El Salvador, conmocionó a la sociedad guatemalteca. De inmediato se comenzó la búsqueda, pero ella nunca apareció. Al esfuerzo se unió un grupo de mujeres del colegio Monte María, Voces por Cristina, que comenzaron a pedir justicia en el caso. Durante marchas, vigilias y reuniones en juzgados, el ejército de valientes nunca se rindió.
Semanas después, el padre de los niños, valiéndose de documentos falsos, los sacó del país con rumbo desconocido. 827 días más tarde, la noticia del paradero del trío quedó claro, habían vivido en Mérida, México, con identidades falsas. Los esfuerzos por ubicarlos y traerlos de vuelta al país rindieron sus frutos. Los niños regresaron a Guatemala y quedaron a cargo de sus abuelos maternos.
Durante el proceso de investigación, los niños contaron lo que vivieron la noche que su madre desapareció. Y de estas entrevistas se desprendió una imagen, que el mayor de los hermanos llamó “La Película de la Muerte”.
Las influencias de su abuela paterna, Ofelia de León de Barreda, lograron lo que se creía imposible. Alargó el proceso durante años, mientras los niños eran protegidos por sus abuelos maternos. Testigos clave en el caso fueron amenazados por la familia de Barreda. Petrona Say, la empleada de la familia, contó lo que vivió la noche en que Cristina no fue más. Y para la trabajadora, haberse enfrentado a la expresidenta de la Corte Suprema también tuvo un precio, el juzgado obligó a la abuela a pagarle Q1 mil como reparación.
En la trama, dedicada a confundir y manipular las investigaciones, también participó el investigador privado Oscar Celada, quien con astucia y habilidad confundió las líneas de investigación que seguía el Ministerio Público. Pero, eventualmente sus “movidas” se descubrieron y fue ligado al proceso. Y es que Celada, hoy deberá pagarles a los hijos de Cristina Q10 mil por los daños ocasionados.
Para la familia de Cristina, un pago nunca fue una forma de resarcir el daño. “No esperábamos que se le diera algo a los niños”, asegura Angelis de Siekavizza. En cambio, siempre abogaron porque Petrona Say recibiera alguna compensación por lo vivido. Pero, Ofelia de León, ha buscado la forma de reducir esta cantidad, pues asegura que es una jubilada y vive de su pensión.
“Me dolió ver que estuviera tratando de rebajar la cantidad de dinero que se había acordado darle a ella, pero así es”, asegura de Siekavizza.
Hoy, luego de conocer lo dicho por el Tribunal de Mayor Riesgo C, la familia de Cristina solo tiene una reflexión. “Esperamos nueve años para que nos dieran este resultado”. Pero, de Siekavizza, además de dolor tiene una enorme gratitud para miles de personas. “Gracias, de verdad gracias a todos los que nos acompañaron en este camino, de verdad muchas gracias”.
“Gracias a todos y a Voces por Cristina, que siempre estuvieron allí”. Angelis de Siekavizza.