Normalmente, sabemos de la existencia del asentamiento Óscar Berger de la colonia Maya, en la zona 18 porque en el sector hay capturas, allanamientos, asesinatos y homicidios. Los titulares no ayudan, pero en el lugar hay gente hacendosa, que lucha día a día buscando oportunidades para trabajar digna y honradamente. Es un área roja, de clase media y baja habitada, en su mayoría, por guatemaltecos que se esfuerzan y luchan contra el humano y la naturaleza.
El peligro de vivir en colindancia a un barranco
El último momento de mayor peligro lo vivieron hace un año exacto, cuando el 6 de octubre de 2019 varias familias debieron ser alojadas en un albergue ubicado en la manzana 14, lote 283 de la misma colonia. Pues el temporal amenazaba con hundir terrenos.
La alta saturación de humedad que se registra en el suelo en temporada de lluvias y los constantes temblores, ocasionan derrumbes que no les permiten vivir en paz a los habitantes de las colonias Maya, Alondra y el asentamiento Óscar Berger. Son casi 100 familias que viven a las orillas de un barranco que sigue creciendo y que tiene unos 30 metros de profundidad.
Francisco Valiente, vecino del lugar, explica que sus vidas corren constante peligro y que “cuando llueve se van los pedazos de la peña y los temblores son constantes”. Los socavamientos ocurren con frecuencia pues al fondo del barranco hay un río de aguas negras contaminadas y tubería que desemboca en ese sitio. Las lluvias incrementan la erosión.
Gustavo Betancourt, vecino líder del asentamiento, le explica a RelatoGt que piden al gobierno y a la Municipalidad una pronta respuesta porque con lluvias o un temblor el resultado puede ser fatal.
Respuestas incipientes para la comunidad
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) tiene conocimiento del caso desde el 2001. En 2019, por fin declararon la zona como de alto riesgo por los desprendimientos ocurridos hace exactamente un año. En ese tiempo varias familias debieron ser trasladadas a albergues municipales, pero no recibieron más ayuda y debieron volver a sus hogares.
Edson Álvarez, portavoz de CONRED, explica que la coordinadora ya recomendó que, para evitar poner en riesgo la vida de las personas se evite vivir en esas áreas. “La limitación y la utilización de las viviendas aledañas a esa área”; además, pidieron que ni siquiera se acerquen grupos numerosos de personas a las orillas, pues en cualquier momento pueden ocurrir derrumbes.
CONRED, también recomendó a la Municipalidad capitalina realizar una evaluación técnica donde se determinen las causas de la problemática y se pueda saber el riesgo que corren las familias. La comuna indica que se encuentra en etapa de evaluación del tema.
Mientras tanto, las familias no tienen a dónde ir, deben permanecer en el lugar y la temporada de lluvias aún no termina. Una fatalidad está a la vuelta de la esquina.
El riesgo a sufrir un desastre natural depende no solo de la magnitud de la amenaza, sino de la vulnerabilidad de la comunidad expuesta y estas 100 familias corren un riesgo máximo.
¿Por qué vivir en el peligro?
No se pueden lanzar comentarios acelerados y poco empáticos como “que se vayan a vivir a otro lado”, pues si estas familias tuvieran otros sitios, con seguridad vivirían ahí y no arriesgarían la integridad de sus familias. Las historias de estas familias son resultados del crecimiento desmedido del área metropolitana de la ciudad, la pobreza y la falta de planeación estratégica que se viene acarreando desde muchísimos años atrás.
Nadie debería vivir a las orillas de un barranco, ni en laderas o lechos de ríos, pero los hay, algunos han nacido ahí y es deber constitucional resguardarles las vidas y trabajar para evitar ese nivel de vulnerabilidad.
Los procesos de urbanización sin ninguna planificación conducen al deterioro del suelo, agua y cobertura vegetal en zonas vulnerables, lo cual amplía la magnitud e intensidad de los fenómenos, que incrementa la vulnerabilidad social de los más pobres. Además, sin programas de prevención y mitigación de desastres en el diseño de políticas públicas e institucionales, los desastres naturales están en el menú de catástrofes anuales de este país.
No hay una planificación de Estado que tenga el cuidado de evitar que más personas estén en riesgo y las políticas que hay sobre el tema fueron creadas bajo la administración de Manuel Colom Argueta (1979) y urge una actualización.
El Movimiento Guatemalteco de Pobladores junto a la Universidad de San Carlos presentaron una iniciativa de ley para mejorar el ordenamiento territorial y su avance fue infructuoso. Toda vez no haya leyes ni perseguidores de esa ley, las muertes y los desastres seguirán ocurriendo en todo el país. Por tanto, el esfuerzo para evitar la pérdida de vidas humanas por vivir en zonas de riesgo debe ser conjunto. Desde los legisladores, pasando por los representantes electos de turno en el Ejecutivo y la sociedad civil en su conjunto, como vigilantes y haciendo presión, no como meros espectadores.