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Analistas políticos, organizaciones civiles, y ciudadanos han protestado contra la anómala compra del Tribunal Supremo Electoral y sus magistrados que buscan gastar 600 millones de quetzales un sistema biométrico innecesario y sin los debidos procesos fiscales para las elecciones 2023.
Este nuevo sistema tecnológico y la continúa prohibición del TSE a ciudadanos de hablar de temas políticos hacen pensar que se puede estar fraguando un fraude electoral.
Para Mi Gente Informa, Paola Godínez desde Ciudad de Guatemala.