Gustavo Dubón es el Juez que autorizó la última ejecución de condenados a muerte, 16 años después habla sobre su experiencia aquella mañana de junio y cómo lo ha superado a partir de la ayuda sicológica. Dubón cree ahora en la vida más que en la pena de muerte. Este es su relato.
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En una esquina, sobre un archivo metálico, un mallete, martillo de madera que distingue a los jueces, se hace acompañar de un crucifijo, como una combinación que refleja las dos justicias de la vida: la terrenal y la divina.
Son de los pocos objetos que adornan la oficina del magistrado presidente de la Sala Segunda de Apelaciones, Gustavo Dubón Gálvez, pues la mayoría del espacio lo ocupa pilas de expedientes judiciales y libros de temas penales.
Dubón ha trabajado casi 40 años en el sector público, de los cuales 20 han sido en el Organismo Judicial. Fue entre esas dos décadas que se le nombró juez de Ejecución Penal y se convirtió así en el último que ejecutó una sentencia de pena de muerte, creando así un recuerdo imborrable en su memoria.
“Fue una experiencia muy especial”, expresa el magistrado, ahora de 60 años de edad, que no puede evitar incomodarse al hablar sobre la mañana del 30 de junio de 2000, cuando ordenó la muerte por inyección letal de Tomás Cerrate y Luis Amilcar Cetino, de la banda Los Pasaco, condenados a la pena máxima por el secuestro y asesinato de Isabel de Botrán.
Y a pesar de haber sido el verdugo y quien no dudó en dar la orden de quitarles la vida, afirma que la muerte no es la solución en una sociedad que se ve acorralada por la violencia.
Recuerda que las horas anteriores fueron de mucha tensión, pues alrededor giraban muchos comentarios, tanto a favor como en contra, pero sabía que solo estaba cumpliendo con un mandato, uno en el que él era el brazo de la Ley.
“Fue una experiencia desgarradora. Emocionalmente es muy duro, porque genera una serie de sentimientos encontrados, porque uno es un ser humano. Pero en aras de aplicar la justicia, tuvimos que ejecutar la pena”, señala.
Su mirada se pierde en la oficina, y su rostro se torna serio y un tanto absorto en ese recuerdo.
La ayuda sicológica fue esencial para superar ese acontecimiento, asegura. Sufrió de algunos cuadros de depresión, por el recuerdo que define como un “impacto muy fuerte”. Pese a ello asegura no hubo remordimiento ni culpa, su conciencia le decía que solo cumplía con su deber.
Dubón llegó a la judicatura cinco años después de que las balas se sustituyeron por un cóctel asesino. En 1996, luego del fusilamiento de dos campesinos por el secuestro, violación y asesinato de una niña, el Congreso decidió que el método se cambiaría a inyección letal.
El módulo de la muerte se construyó en la cárcel de Pavón; solo se utilizó dos veces. La primera fue en febrero de 1998, cuando en la camilla se acostó Manuel Martínez Coronado, asesino confeso de la masacre de siete miembros de una familia en la aldea El Palmar, Quetzaltepeque, Chiquimula.
Partiendo de su experiencia con los reclusos, que inició en 1979 cuando se hizo guardia del Sistema Penitenciario, hasta llegar a ser magistrado, Dubón asegura que con toda propiedad puede afirmar que la pena de muerte no es un disuasivo de la violencia.
Considera que en sociedades con altos índices delincuenciales como Guatemala, los cambios se generan por medio de otros caminos, como la prevención del delito y la reinserción del reo.
Sin embargo, comprende que los guatemaltecos se encuentran en un estado de indefensión que los guía por el camino de pensar que la pena de muerte es la solución a los problemas actuales, pero asevera que es un tema que debe abordarse con seriedad, pues no es algo material, sino que se trata de una vida.
“Si nos ponemos a discutir, pasamos horas y horas y nadie se pone de acuerdo, porque se trata del bien jurídico más preciado que tenemos, la vida”, expresa Dubón, que asegura que es un tema en el que se conjugan puntos como lo moral y lo legal.
Insiste en que la discusión debe acompañarse de una profunda reflexión, y aunque no está de acuerdo con su aplicación considera que como jueces están dispuestos a aplicar la legislación vigente, aunque se trate de aplicar la pena de muerte.