El actuar de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) nos dieron una novela de bajo presupuesto, con testigos falsos, premios a los sapos y una trama que hubiera dejado a J.K. Rowling morir de hambre junto a Harry Potter. Durante ocho años, tres comisionados de la CICIG e incontables horas de audiencias, lo que queda es un mal sabor de boca.
Para algunos se volvió uno más de los infortunios que suceden en Guatemala. Otros condenaron visceralmente a los hermanos Valdés Paiz y los menos se mantuvieron a su lado.
En mayo pasado, el Juez, Mynor Moto, dio a la Fiscalía Especial contra la Impunidad, del Ministerio Público, 30 días para presentar pruebas fehacientes de la participación de los hermanos en el asesinato de Rodrigo Rosenberg. So pena de cerrar definitivamente el proceso.
Y ayer martes, este plazo no solo venció, sino que dejó en claro que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) no contaba con evidencias suficientes. Moto hizo lo que debía y declaró el cierre definitivo del caso en contra de los hermanos.
Así estábamos en Mayo:
Las palabras del juez Mynor Moto dieron una pausa al calvario que una familia guatemalteca vivió durante los últimos 8 años. La clausura provisional del proceso en contra de los hermanos Valdés Paiz, acusados del asesinato de Rodrigo Rosenberg, presentado por la CICIG y el MP se derrumba.
La historia de estos dos hermanos no es diferente a las más de 12 mil que el sistema judicial de Guatemala tiene entre manos. En abril de 2015, el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge De León Duque, denunció las debilidades del sistema de justicia donde esta no ha sido ni pronta, ni cumplida.
Para ese entonces, el 42 por ciento de los detenidos (unas 3 mil 100 personas), habían guardado prisión preventiva por un lapso de entre 12 meses y 6 años, sin que sus casos fueran escuchados por un juez. De León Duque recomendó al Organismo Judicial tomar medidas para acelerar los procesos y así evitar el retardo malicioso en la administración de justicia y caer en ilícitos.
Testigos hunden a la CICIG y el MP
Estuardo y Francisco Valdés Paiz, permanecieron 36 meses detenidos en el cuartel militar Mariscal Zavala, a la espera de ser escuchados por un juez. Recursos, medidas dilatorias y maniobras dignas de una novela de intriga detuvieron su acceso a la justicia.
Los pilares de la acusación en contra de los Valdés Paiz, fueron presentados y uno a uno estos recibieron una explicación. Sin embargo, el ente investigador internacional y el MP se negaron a aceptar los hechos.
“Ellos eran culpables”, sostuvo la parte acusadora. Sin embargo, el palacio de cartas de CICIG y el MP se desmoronaba.
El primer testigo y colaborador eficaz de CICIG y MP en abandonar el barco, fue Manuel Cardona. Cardona dijo en un video que fue amenazado por el MP y la CICIG para implicar a los hermanos en el crimen.
Otro colaborador eficaz, uno de los sicarios que habría asesinado a Rosenberg, Luis Mario Paz Mejía, cambió su testimonio. Paz Mejía, a quien le fue conmutada la pena de 38 años de cárcel, aseguró que el fiscal Rubén Herrera y algunos miembros de CICIG le obligaron a involucrar a los hermanos Valdés Paiz.
Una familia desgarrada
Junto a los hermanos Valdés Paiz, sus familias han pagado el precio de un sistema fallido. Uno, donde la voluntad de un ente investigador pesa más que cualquier prueba o proceso legal. Luis Marroquín, abogado, asegura que el sistema castiga a todos sin excepciones, incluso la misma justicia se ve sacrificada en nombre de intereses particulares, en este caso los del MP y la CICIG.
Hijos, esposas, sobrinos y amigos cercanos a la familia han permanecido junto a los hermanos, pero el tiempo perdido “hasta los santos lo lloran” reza el refrán. En una entrevista con los hermanos, durante su estadía en la cárcel, revelaron la frustración que el negarles el acceso a la justicia les provocó.
Más aún la destrucción del tejido familiar. “Hemos perdido tiempo con nuestras familias, ver crecer a nuestros hijos y eventos importantes que no se repetirán”, lamentaron. Sin embargo, el encierro dejó una cicatriz que la familia llevará por el resto de sus vidas.
Última llamada
Durante ocho años la CICIG y el MP no han logrado probar la participación de los hermanos Valdés Paiz, en el asesinato de Rodrigo Rosenberg. Sin embargo, han mediatizado un proceso y buscado la condena por medios de presión, como lo han demostrado los colaboradores eficaces.
La resolución del juez Moto fue clara, aseguró Sergio Antonio Escobar, abogado defensor de los Valdés Paiz, “no hay un solo medio de prueba que justifique la acusación presentada”. Escobar dijo estar preocupado pues hasta el momento no se sabe cuál será el proceder de la CICIG y el MP.
“Ahora el MP puede impugnar la resolución del juez o bien cumplir con la orden de buscar medios que respalden la acusación”, aseguró. Lo cierto es que si durante ocho años no han logrado probar sus teorías, es difícil que en tres meses lo puedan hacer, dijo.
Francis Valdés, quién tenía 20 años cuando murió Rosenberg, entiende hoy mejor lo sucedido. A sus 28 años la resolución del juez, en el caso contra su padre, le revela que todavía hay quienes buscan la verdad y no toman la justicia a la ligera.