La Corte de Constitucionalidad (CC) frenó la medida y ahora las ONG no podrán ser fiscalizadas. Nadie sabrá sobre la procedencia de sus fondos, el destino que sus directivos les den en el país o el impacto real de los proyectos que dicen implementar. Peor aún, los donantes de los millones que llegan a Guatemala nunca tendrán certeza de si sus “centavos” llegaron a los más necesitados.
Estas organizaciones, sin fines de lucro, existen en Guatemala desde la segunda mitad de los años 60. Y surgieron como una respuesta a la incapacidad del Estado para atender la problemática de desarrollo y pobreza en el país. Surgieron como iniciativas religiosas, pero hoy abarcan todos los campos de la vida pública nacional.
De 1965 a 1975 el número de estas organizaciones se mantuvo relativamente igual, pero con la llegada del terremoto de 1976 su proliferación se acrecentó (FLACSO). Y es en esta época que se dedican a especializarse en trabajo humanitario, según el informe de Rol de las ONG en el Actual Panorama Socioeconómico de Guatemala, Nicaragua y México de la Alianza Democrática de Organizaciones Civiles (ADOC).
Para la llegada de los 90, se estima que casi medio millar de estas organizaciones operaban en el país y hoy la cifra podría superar a las 4 mil.
Pero, la visión que estas agrupaciones tuvieron inicialmente se ha desnaturalizado y ha dado un giro a intereses particulares y no plurales. De acuerdo con el abogado Ricardo Falla, hoy estas organizaciones (en su mayoría) se han convertido en feudos económicos de sus dirigentes.
“De todos es sabido que los que dirigen algunas de estas ONG cambian su modo de vida radicalmente, pues las ven como una forma de acceder a dinero”, Raúl Falla.
Otras en cambio, se han radicalizado y han dejado por un lado la visión de ayuda a los más necesitados. Hoy vuelcan sus esfuerzos para promover la conflictividad y oponerse de manera tajante a proyectos de desarrollo.
Y ahora estas ONG han decidido cambiar su forma de operar. De acuerdo con la analista Carolina Castellanos, la dirigencia de estas organizaciones ha omitido publicar en línea o dar cualquier información de sus donantes. Antes publicaban en sus páginas sus programas y quiénes les daban los fondos, pero ahora ya no, asegura Castellanos.
“La dirigencia de las ONG se dieron cuenta que había personas que les demostraban a los financistas a dónde iban a parar sus donaciones y en algunos casos hasta les recortaban los aportes, pues el dinero servía para financiar otras cosas menos el desarrollo de los más necesitados”, Carolina Castellanos.
La importancia de fiscalizar
Otras en cambio, asegura Falla, han sido víctimas de su propio éxito. Casos como el del Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), que el año pasado se vio envuelto en un escándalo por temas financieros y violencia contra la mujer. Según publicaciones en redes sociales, dos de sus entonces directores se acusaron de corrupción en el manejo de los fondos de la entidad. Fondos que provienen de entidades como OXFAM y que habrían sido sustraídos de manera fraudulenta o malversados.
Al tema de malversación y fraude se sumó también el de violencia contra la mujer. De acuerdo con Anabella Barrios, directora de CALAS, Rafael Maldonado habría intimidado y agredido a trabajadoras de la ONG. Luego de una denuncia presentada por Barrios, Maldonado no pudo acercarse más a las oficinas de CALAS y a la propia Barrios.
“Aquí nos gritaba, humillaba y trataba de hacer lo que se le viniera en gana”, Anabella Barrios.
Calas fue sometida a auditorías y a revisiones internas para determinar el alcance de las acusaciones entre Yuri Melini y Rafael Maldonado, en el que la malversación y el fraude fueron los temas centrales en las labores de auditoría en las arcas de la ONG.
“CALAS es un ejemplo de por qué es necesario fiscalizar, pues ha habido una pugna y el licenciado Rafael Maldonado los ha denunciado por darle mal uso a los fondos de la ONG de Yuri Melini”, Raúl Falla.
Algunos casos
CORDAID
El analista Miguel Castillo ha dicho que un ejemplo de cómo una entidad internacional envía fondos a Guatemala y la ONG que los utiliza de forma cuestionable es el caso de CORDAID, la cual pertenece a la red de Cooperátion Internationale pour le Développement et la Solidarité (CIDSE) o Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad. En Guatemala, en ese entonces, CORDAID manejaba 61 proyectos sociales de reconciliación por medio de entidades locales. Pastorales Sociales como Cáritas Diócesis de La Verapaz, de la Mujer Arquidiócesis de los Altos y de la Tierra; Obispado de San Marcos; Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG) y Coordinación de ONG y Cooperativas (CONGCOOP) entre otras se nutrieron con fondos de CORDAID.
La más reconocida de todas es la que dirigió en su momento el cardenal Álvaro Ramazzini, quien abiertamente incitaba a la población para rechazar proyectos de desarrollo tales como: hidroeléctricas, palma africana y robo de energía.
“Hay que recordar que hay estructuras que viven de estos conflictos y si los conflictos terminan se acaban los financiamientos para sus organizaciones”, Miguel Castillo.
CODECA y Noruega
En 2017 la agrupación Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), que abiertamente promueve el robo de energía en Guatemala, fue señalada de beneficiarse de fondos del gobierno de Noruega. Carolina Castellanos, entonces directora de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS), aseguró que Noruega ha sido financista de las actividades de CODECA y esta última trató de negarlo.
Thelma Cabrera, dirigente de CODECA, dijo que la información presentada por Castellanos era manipulada y buscaba difamar a su organización. Cabrera reconoció que su organización recibió fondos de la fundación PAZ y Solidaridad, del País Vasco para una investigación sobre derechos laborales en 2013, pero que el financiamiento de CODECA proviene del aporte de Q3 mensuales que sus miembros dan.
Q195 millones en dos años
Según el informe “The 2017 and 2016 Central America Philanthropy Guide”, (Grant Information for Over 300 Local NGos) en el que se detalla la procedencia de fondos de donativos a ONG y el destino de estos, en esos dos períodos llegaron a Guatemala Q183 millones 680 mil 877, unos US$25.16 millones para financiar operaciones de estas entidades. Según el informe los fondos provinieron de 200 donantes en 2016 y de 300 en 2017.
El informe resalta a 38 donantes que fueron los que más donaron durante ese tiempo, siendo Oak Foundation con US$12,252,212.00; Inter-American Foundation con US$2,426,047.00 y Open Society Foundation de George Soros con US$2,222,937.00, las que más aportaron.
Los cinco donantes que aportaron a más ONG en Guatemala fueron:
– The Fund for Global Human Rights (22 ONG) un monto de US$1,149,500.00.
– Global Greengrants Fund (19 ONG) un monto de US$149,968.00.
– Seattle International Foundation (16 ONG) un monto de US$650,811.00.
– Inter-American Foundation (15 ONG) un monto de US$2,426,047.00.
– Open Society Foundations (14 ONG) un monto de US$2,222,937.00.
EL informe también resalta a las ONG que más donaciones recibieron durante esos años, siendo Mesoamerican Reef Fund con US$12,313,000.00; Asociación de Comunidades Forestales de Petén con US$1,249,900.00; Plaza Pública – Universidad Rafael Landívar con US$581,534.00; Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos con US$565,925.00 y la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación con US$488,550.00, que más recibieron.
Lo cierto del caso es que a Guatemala llegan decenas de millones de fondos internacionales, que sin ninguna supervisión se ejecutan y financian operaciones de las cuales poco o nada se sabe. Una estructura de organizaciones dedicadas a vivir de las dádivas y negarse a que las fiscalicen, aún tiene un respiro luego de la decisión de la CC, que de momento ha dejado en suspenso la ley para poder fiscalizarlas.