La información es poder. No solo es un dicho, es una verdad absoluta. Por tanto, infórmese junto con nosotros acerca de las reformas a la Constitución y por qué debemos dejar la apatía a un lado. Abogar por ellas ayuda más a la nación que protestar por la renuncia del binomio presidencial, como ocurrió en 2015. Sí, así de frío. A veces hay que ser pragmáticos. El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, nos ayuda.
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“No todo está perdido”, dice el Procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León Duque, y explica que se debe asistir en enero a la nueva reunión. Claro, el tema del antejuicio se perdió, nos explica; pero lo demás sigue en diálogo y eso es algo que hay que atender. Lo de ayer era mucho más importante que ir a protestar los sábados. Debió ser una gran movilización debido al tema de las reformas –y esto es respecto de su importancia de fondo, explica el procurador.
“Lo que buscamos, y que que no se ha perdido, es fortalecer el sistema de justicia en varios aspectos; fortalecer la carrera judicial y su independencia desde el presupuesto; fortalecer la meritocracia en la carrera judicial y la forma en la que son electos los magistrados de las salas de apelaciones y de la Corte Suprema de Justicia… que cambien. Se ha demostrado que la forma de elección en las comisiones de postulación ha sido perversa. Esta ha servido para negociar. Es importante explicar a la población por qué estas reformas promovían un cambio sustancial de fondo.
Insisto, no todo está perdido. Si bien el tema del antejuicio sí continuará, lo que buscaba la reforma era precisamente permitir la investigación y no ir en contra del puesto. Bueno, eso sí se perdió, pero lo demás continúa, como el proceso de justicia indígena. Eso continúa.
Sí coincido en que hay cierta apatía respecto de este tema [las reformas]. Con los eventos de las protestas se pensaría que la gente ya está satisfecha. Por ejemplo, creo que la gente saldría [más fácil] a protestar porque el Ministro de Cultura y Deportes utilizó el Palacio y está bien. Pero estas cosas, que son más trascendentales, que afectan al país de fondo, parece ser que no las atienden.
He escuchado comentarios como, ‘es que no se le ha dado el tiempo suficiente’, pero esto tiene mucho tiempo de que se viene trabajando. En la medida en que atendamos los problemas de fondo estaremos en una mejor Guatemala”.
Lo que buscan las reformas
Nos centramos en las reformas discutidas ayer y que son propuestas por una mesa técnica de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Ministerio Público (MP), la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Acerca del antejuicio, lo que se buscaba no era su eliminación si no su modificación. La reforma buscaba que el MP pudiera investigar para luego solicitar un antejuicio sólido y de paso modernizar el sistema de justicia.
Recordemos que el antejuicio “es la garantía que la Constitución otorga a los dignatarios y funcionarios públicos en el ejercicio de su cargo, para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, salvo en caso de flagrancia, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente de que ha lugar a formación de causa. Esta garantía no debería ser impedimento para realizar investigación penal”.
Es decir, esa última oración es, en resumen, lo que se buscaba: que a pesar del hecho de ser un funcionario debería permitirse la investigación. Sin embargo no se logró, por tanto el antejuicio continúa como hasta ahora (a propósito de conmemorarse un año del caso “La línea”, que requirió retirar el antejuicio al expresidente Otto Pérez Molina).
La Justicia de las autoridades ancestrales
El otro punto –y que no se ha perdido– es el del derecho indígena. Puede avanzar, claro, pero hay que esperar a enero. Es decir, no está en saco roto. Lo que busca es reconocer a las autoridades indígenas su autoridad para impartir justicia dentro de su comunidad, una acorde con sus normas y costumbres. Antes de pensar en la imagen de un sujeto ardiendo en llamas o chicoteado, primero sepárelo. No es lo mismo. Una cosa es una ejecución pública perpetrada por una turba, otra un proceso realizado por una autoridad maya reconocida por la comunidad.
Tome en cuenta que en 40 municipios de nuestra nación no se ha presentado ninguna muerte violenta durante los últimos dos años y esto podría ser en parte, según analistas, debido a su proceso de justicia local. El municipio de Guatemala, por otro lado, registra 65.4 homicidios por cada 100 mil habitantes (si busca entender cómo funciona el proceso de justicia indígena, puede ver más información en este link).
Pero aún hay más, las reformas que quedan para su discusión apelan a aspectos relacionados con la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad. Estas modificaciones se podrían discutir en 2017 si el acuerdo alcanzado entre el actual presidente del Congreso, Mario Taracena, el entrante, Óscar Chinchilla, el diputado Amílcar Pop y las Autoridades Ancestrales se respeta. En lo que resta del año, el Congreso está por concluir sus sesiones ordinarias y sesionará solo el viernes y el sábado próximos. Después de esto entrará en un prolongado descanso y en el que, salvo un tema de emergencia, no se volverán a reunir hasta el próximo año.
Si desea información respecto de las reformas a la Constitución, en este enlace puede conocer más —> Aquí