Ayer, Amnistía Internacional emitió un comunicado que dejó a Guatemala, junto a Honduras, como las naciones más peligrosas para ser un activista del medio ambiente. El título parte de la persecución, agresiones y en algunos casos muerte, a la que se exponen los activistas.
“Defendemos la tierra con nuestra sangre” es el nombre del informe que cuestiona las amenazas, cargos infundados, campañas de difamación, ataques y homicidios contra activistas ambientales en los dos países.
Eso quiere decir que si se opone a la minería, extracción de madera y producción de energía hidroeléctrica, piénselo dos veces, o solo proteste en Facebook. Claro está, la falta de justicia contribuye a la atmósfera de miedo e impunidad que facilita estos crímenes.
Uno de los casos más sonados fue el de Rigoberto Lima Choc. Una de las personas que comandó la denuncia de la contaminación del río La Pasión en Sayaxché, Petén. Tenía 28 años y era maestro, su carrera se truncó cuando lo abatieron dos hombres en moto frente al tribunal que 24 horas antes había ordenado el cese de operaciones durante seis meses de la planta de la Reforestadora de Palma de Petén, S.A. (Repsa) señalada de ser responsable de contaminar el río. Incluso la ONU calificó el hecho de desastre ecológico.
Un mes después del asesinato, en octubre de 2015, la Sala de Apelaciones de Petén amparó a Repsa y le permitió seguir operando. Pero no todo estaba perdido. En mayo de 2016, la Corte de Constitucionalidad revocó el amparo. Los recursos de apelación presentados por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) y el Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (Calas) lograron detener las operaciones de Repsa en Petén (y dicho sea de paso, Olmeca S.A. y Repsa son empresas del conglomerado HAME, cuyo dueño es Hugo Alberto Molina Espinoza, que acaba de pagar Q53 millones 546 mil 674.63 a la SAT en concepto de evasión fiscal).
El ecocidio del río La Pasión está en el puesto número 2 de los 10 peores desastres de Latinoamérica de 2015. El vertido del insecticida “malation” (prohibido en varios países) aniquiló la fauna del río sin mayores consecuencias para la empresa y los responsables.
Por esta pequeña muestra y más de dificultades para ser un ambientalista en el país, Guatemala se lleva el deshonroso calificativo de ser una de las dos naciones más peligrosas para ejercer el activismo ambiental.
Foto: elPeriódico