Contrario al pensamiento de muchos que consideran el VIH/sida como una sentencia de muerte, los retrovirales permiten a aquellos que lo padecen tener una vida normal. Gracias a un adecuado diagnóstico y tratamiento, las personas que se encuentran controladas no transmiten el virus.
Sin embargo, la discriminación ha dominado sobre las necesidades que tienen los contagiados del virus. Históricamente, los pacientes de VIH han persistido y luchado ante la vulneración de sus derechos. Esto se vio plasmado en el caso “Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala”, relacionado con 49 personas diagnosticadas con el virus entre 1992 y 2003. La resolución final de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostuvo que Guatemala había violado los derechos a la salud, la vida y la integridad personal.
Por ello, Guatemala se responsabilizó de brindar gratuitamente el tratamiento médico y psicológico a las víctimas directas de violaciones al derecho a la salud y la integridad. Además, de implementar mecanismos efectivos de fiscalización y supervisión periódica de los hospitales públicos, para asegurar que brinden la atención integral para las personas que viven con el VIH.
Sin embargo, la Procuraduría de los Derechos Humanos y miembros de la Asociación de Salud Integral, Gente Positiva y de la Red Guatemalteca Mujeres Positivas en Acción, denunciaron que el Ministerio de Salud no está cumpliendo con los dictámenes establecidos por la Corte Interamericana. Entre ellos, el Dr. Roberto Santamarina, de la Unidad de Atención Integral de Malacatán, comentó sobre algunos casos que han tenido entre los 1,335 pacientes de VIH.
“Nuestro centro de asistencia recibe gente de diversos departamentos del país como San Marcos, Retalhuleu, Quetzaltenango, incluso, de México, en búsqueda de obtener retrovirales para seguir su tratamiento. Con distancias tan largas, se les imposibilita llegar al centro cada semana por el medicamento”. Santamarina estima que el 80 por de los pacientes que atienden en la Unidad viven en pobreza.
Según el monitoreo de la PDH, durante 2019 han existido debilidades para la prestación del servicio, lo que dificulta la entrega de los retrovirales debido a “incumplimiento de algunos proveedores y las modificaciones a la Ley de Contrataciones del Estado, así como la falta de registro de los pacientes que provoca duplicidad en la entrega de los medicamentos”. Asimismo, se encontró un desabastecimiento periódico por incumplimiento de proveedores y que ha provocado la modificación de tratamientos.
Por otro lado, el desabastecimiento periódico y la falta de insumos suficientes para otorgar un tratamiento adecuado, ha provocado el abandono del medicamento en varios casos. “Hacemos hasta lo imposible para que puedan continuar con sus tratamientos. Yo mismo he llevado los medicamentos hasta sus hogares porque muchos no pueden llegar al centro educativo. En una ocasión, envié la medicina en un bus y le di al paciente el número de placa para que lo identificara. Todo esto se realiza para que puedan seguir su tratamiento, ya que ganan poco en sus trabajos, lo cual no les permite viajar hasta la clínica cada semana”.
Para Santamarina, el miedo que se encuentra más presente es “tratar el desabastecimiento de retrovirales y medicamentos contra el VIH/sida como solo un número, cuando cada uno de esos números representa una vida perdida o que podemos salvar”. Por otro lado, el médico comentó que con el tratamiento “luchamos contra la resistencia del virus, ya que si el paciente abandona el mismo, contrae más resistencia y aumentan las posibilidades de morir. La falta de insumos ha provocado que mucha gente deje sus tratamientos, contraiga una mayor resistencia y contagie a otros”.
El doctor Juan Carlos Pérez, de la Asociación de Salud Integral, expresa que la cobertura actual de antirretroviral es de 43 por ciento. Por otro lado, en los últimos 4 años, más de 8 mil personas han fallecido por VIH en etapa avanzada.
Guatemala es uno de los países en donde no se ha logrado declarar libre de transmisión materno infantil de VIH, por lo que continúan naciendo niños con el virus debido a que no se realizan pruebas del virus al 52 por ciento de las mujeres embarazadas.