El presidente, Alejandro Giammattei Falla, le ha apostado a la reapertura de la economía nacional en medio de una crisis sanitaria, suscitada por la propagación acelerada del COVID-19, caracterizada por el colapso del sistema de salud y la falta de insumos para hacerle frente a la pandemia, circunstancias que han sido denunciadas por los médicos que están al frente de la emergencia.
Pese a estas deficiencias, el mandatario anunció el domingo pasado, en cadena nacional, las nuevas medidas que se implementarán para propiciar la reapertura económica del país.
En otras palabras, el Ejecutivo flexibilizó las restricciones, entre ellas la eventual puesta en funcionamiento del sistema de transporte público, ampliación del horario para la movilidad en días laborales, entre otras.
El mandatario explicó que la reapertura se dará de forma paulatina mediante un sistema de alertas y un semáforo epidemiológico, el cual se revisará cada 14 días. No obstante, no existe aún certeza de cuándo se llegará al pico de casos en Guatemala, aunque la Organización de Naciones Unidas estima que podría ser en agosto próximo.
Las experiencias internacionales de otros países como la de China y otras naciones europeas demuestra que, si bien es necesario impulsar planes de desescalada para propiciar la vuelta a una “nueva normalidad”, esto depende de criterios epidemiológicos relacionados al aplanamiento de la curva, lo que en Guatemala aún no ocurre.
De hecho, el país ha registrado un incremento de casos sostenidos en las últimas semanas y en los días que se han reportado menos ha sido por una considerable reducción de los test hechos por las autoridades sanitarias.
En ese contexto, no hace mucho sentido que el país empiece a flexibilizarse en las medidas, sobre todo con la falta de certeza de la llegada del pico y con estadísticas que son puestas en tela de duda.
Desde luego que la situación económica del país es preocupante, sobre todo si tomamos en cuenta que Guatemala es un país con una economía mayoritariamente informal (70 por ciento). Por ello es menester del Estado de Guatemala aplicar las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad alimentaria de las poblaciones más vulnerables y hacer un uso correcto de los recursos gestionados por medio de préstamos.
También hay que reconocer que el sistema de salud ha sido abandonado durante décadas, razón por la cual la inversión en este es de apenas el 2.08 por ciento en relación del PIB, muy por detrás de Costa Rica que destina el 5.50 por ciento de su PIB a la sanidad pública e incluso por debajo de Honduras cuyo indicador es de 3.15 por ciento.
En ese sentido, el Gobierno debe buscar el equilibrio entre sanidad y economía, de modo a que la “reapertura económica”, no traiga consigo dolor y sufrimiento para las clases menos desfavorecidas que eventualmente podrían enfermar de forma masiva y acudir a un sistema de salud que no tendrá capacidad para atenderles.