Thelma Aldana es un nombre que no pasa inadvertido para casi ningún guatemalteco, la otrora exfiscal general y exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia despierta pasiones por dos bandos irreconciliables, y es que la jurista es de aquellos personajes mediáticos a las que se suele amar u odiar.
En ese contexto la noticia referente al asilo político que se le concederá a Aldana por parte del Gobierno de los Estados Unidos regocijó a unos y molestó a otros. El anuncio hecho por Eliot Engel, presidente de la Cámara de Representantes naturalmente encendió la opinión pública.
La exfiscal general es reconocida por muchos como una persona que dio pasos firmes en la lucha contra la corrupción. Ella, junto al excomisionado de la CICIG, Iván Velásquez, destaparon una serie de casos de corrupción que se convirtieron no solo en mediáticos, sino en emblemáticos.
Uno de los más importantes fue el denominado “La Línea”, el cual vinculó al expresidente Otto Pérez Molina y a su compañera de fórmula, Roxana Baldetti. Ambos sindicados de liderar estructuras criminales en las aduanas.
Otro caso de relevancia fue el denominado “Corrupción y Construcción”, el cual evidenció lo que era un secreto a voces: la corrupción en el desarrollo de obra gris en el país. Además, la fiscalía, en ese entonces dirigida por Aldana, investigó el financiamiento ilícito en campañas electorales. Por este último caso, algunos reconocidos empresarios fueron sindicados por este tipo penal y se vieron obligados a ofrecer disculpas por haber entregado recursos monetarios para apoyar la campaña del expresidente Jimmy Morales.
Pero si fue tan buena ¿por qué se le sindica y se solicita su extradición?
La exfiscal general tiene dos causas abiertas en su contra: una por supuestamente entregar una plaza fantasma bajo el renglón 011 y la segunda por la presunta sobrevaloración en la construcción de un inmueble para el Ministerio Público.
Para los seguidores y defensores de Aldana la ecuación está resuelta: una exfiscal que desarticula a grupos criminales y que sindica a empresarios por el delito de financiamiento electoral ilícito, es igual a persecución política
Pero hay otro grupo de críticos de la exfuncionaria que la señalan de manipular los casos con pruebas deficientes y de militar a favor de “los izquierdistas”. ¿Quién tiene la razón? La balanza se inclina a un lado u otro y dependerá de a quién se le pregunte.
Hay algunos que aseguran que, punto y aparte de sus aciertos como Fiscal General, la ex funcionaria debe responder ante un juez y de esta forma dilucidar si participó o no en hechos que podrían considerarse un delito. Otros que indican que deben archivar las denuncias por espurias, puesto que tienen un tinte de persecución política y los últimos aseveran que ella debe responder ante la ley porque es una delincuente que milita con la izquierda.
A estas alturas discutir la pertinencia y veracidad de muchas de las investigaciones impulsadas bajo las órdenes de Aldana es ponerse una venda en los ojos. Respecto a las causas que tiene abiertas, parecen ser un tanto endebles e inmeritorias de una encarcelación, pero suficientes para haber traído al suelo una candidatura que asustó a muchos y emocionó a otros.