Hace pocos días visité Costa Rica, país que pertenece a la región centroamericana, y que al igual que Guatemala posee muchos recursos hídricos, con la gran diferencia de que allá son mejor conservados.
Estando en casa de una amiga debía tomar una pastilla, busqué el garrafón de agua pura, o el purificador y para mi sorpresa no encontré, ella me indica, sírvete directamente del chorro, acá en todos los lugares servimos el agua para beber directamente del chorro.
Me quedé espantada, le comenté que si hago eso en Guatemala me muero, pues el agua potable está contaminada con bacterias y heces de humanos o animales.
Guatemala no se cuenta con una “Ley Nacional de Aguas”, ni con un ente regulador, lo que impide al Estado garantizar el derecho humano al agua.
En Guatemala las aguas residuales no son tratadas correctamente, la mayoría de municipios desechan sus residuos directamente a los ríos y lagos, contaminando los recursos hídricos, causando enfermedades gastrointestinales, principales causas de la muerte infantil y de adultos mayores, también provocando enfermedades de la piel transmitidas a través del agua como la hepatitis.
Le comento a mi amiga el presupuesto mensual que manejo para compra de agua pura, y le doy nombres de varias empresas que tienen buenas ganancias vendiendo el vital líquido de forma que se pueda consumir por los humanos, también existen las empresas que fabrican filtros para que el agua del chorro se pueda beber sin problemas.
Ella habla sobre como varios de sus amigos que van de turismo a Petén, Sololá, Quiché o las playas,han tenido que ser hospitalizados por haberse enjuagado la boca con agua mientras se duchaban, aún estando en hoteles de lujo de la ciudad capital o de la Antigua Guatemala, no dejé se sentir mucha vergüenza al ver el nivel de atraso que tenemos, el poco interés de las autoridades locales y del estado para invertir en la distribución, el abastecimiento y mejorar las condiciones de salubridad del agua, pese a que Guatemala ha ratificado la declaración de las Naciones Unidas que establece el agua potable como un derecho humano.