El actual Gobierno decretó el pasado marzo el Estado de Calamidad, disposición establecida en la Ley de Orden Público, normativa que data de 1,965.
Con la medida, finalizada el 1 de octubre, el Gobierno pudo realizar compras sin necesidad de pasar por los engorrosos procesos de cotización (para montos inferiores a Q90 mil) y de licitación (para compras mayores de Q90 mil), establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado. La disposición goza de una lógica simple pero coherente: agilizar las compras durante periodos cortos para garantizar el abastecimiento de insumos indispensables para el país en medio de una emergencia.
Hasta ahí todo bonito, pero en la praxis dicho instrumento legal es aprovechado para saquear las arcas del Estado. Recientemente una publicación de prensa sacó a luz una compra presuntamente sobrevalorada de galletas fortificadas. La adjudicación fue realizada por el Ministerio de Desarrollo Social durante el último día de vigencia del Estado de calamidad y desde luego al oferente más elevado.
Pero este hecho solo evidencia una práctica recurrente en todas las carteras, pues so pretexto de un estado de calamidad que, en teoría, obliga al Estado a agilizar compras de insumos se realizan adquisiciones discrecionales para favorecer a terceros.
Por ello, vale la pena cuestionar si ¿Realmente se privilegian los intereses del Estado? si en verdad ¿Se realizan adquisiciones de forma lógica y eficiente? Son preguntas retóricas pues las respuestas son conocidas con bastante elocuencia.
Ejemplos hay en bastedad, las dependencias públicas compran de forma discrecional, arreglan adjudicaciones, fraccionan compras y son incapaces de negociar buenos precios, porque desde luego a menor coste, menor margen de ganancia para los beneficiados.
Tal es el caso de las compras de pruebas “PCR”, para diagnosticar el Coronavirus, hechas por el Ministerio de Salud a favor de la empresa Labymed. Dichas adquisiciones han sido cuestionadas por Fundesa y la bancada de la Une, por su elevado coste unitario, pues se pudo comprar a precios mucho más competitivos. La cartera de Salud desembolsó más de Q50 millones a favor de esa firma.
El Ministerio de Salud ha comprado sin ninguna lógica insumos para hacerle frente al Covid-19. De hecho, ha realizado adquisiciones por medio de las 85 unidades compradoras, en lugar de centralizar las adjudicaciones y obtener así mejores precios.
Desde luego que comprar a precios competitivos no es negocio para esos proveedores que se sirven con la cuchara grande y que se aprovechan de estas coyunturas para enriquecerse aún más de un pueblo empobrecido. Así que mucha razón tenía mi abuelita: “unos en la pena y otros en la pepena”.