Uno de los negocios más oscuros que se llevó a cabo en la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla (EMPORNAC), fue la compra de un terreno de 153 mil 342 metros cuadrados en el área conocida como el arenal. La compra de esta propiedad, estuvo plagada de irregularidades y se realizó a pesar de que, según un proceso legal, la misma no pertenecía al vendedor. Así pago Q20 millones 944 mil 23 la EMPORNAC por un terreno cuya propiedad aún está en disputa.
En 2010, durante el gobierno de Álvaro Colom, el actual diputado por la Unidad Nacional de la Esperanza, Jorge Vargas era gerente general y representante legal de la EMPORNAC y al frente de la junta directiva, estaba José Roberto Díaz Durán Quezada, ex candidato vice presidencial. De acuerdo con la escritura número 82, del notario José María Marroquín Samayoa, el 9 de marzo se pactó la compra de un terreno valorado en Q20.9 millones. La entidad vendedora, Perka S.A., cuyo representante legal era Jorge Armando García Cruz.
Sin embargo, la compra venta que realizaba la portuaria era ilegal. Pues en 1972 hubo una sobre posición de fincas y de forma ilegal el Estado de Guatemala se apropió de unos 120 mil metros cuadrados que eran propiedad de Desarrollos Urbanísticos del Caribe S.A. (DUCSA). En una misiva enviada por la empresa al presidente en funciones de la Junta Directiva de EMPORNAC, Rodolfo Letona, el 14 de enero del presente año, hace ver la nulidad de la negociación que se hiciera con PERKA.
El entonces gerente general de DUCSA, Mario Oliva, planteó algunas situaciones irregulares de la negociación. Entre las que destacan: “Ignoramos por que EMPORNAC decide entrar en una negociación de adquisición de un inmueble, que se ubica “supuestamente” sobre áreas de otras fincas que ya poseía la portuaria”. Esto en relación a que algunas de las fincas que estaba comprando la EMPORNAC, ya eran propiedad del Estado de Guatemala.
Luego, recriminan a Letona, sobre la compra del terreno que reclama DUCSA. “Sorprende sobre manera que Empornac no haya realizado en su momento un debido y adecuado estudio registral y legal de las fincas matrices de donde provenía la finca que iba a adquirir”. Esto supone que no se averiguó que sobre la propiedad del terreno por el que se pagaron Q20.9 millones había una reclamación previo a la adquisición del terreno por parte de PERKA.
De acuerdo con el acta numero 82, donde se registró el contrato de adquisición de la posesión y transferencia del dominio del bien inmueble, Jorge Armando García Cruz aseguró ser el único y legitimo propietario del terreno. Por su parte, la junta directiva aseguró que se había recibido antecedentes, trámites y dictámenes legales que fueron conocidos por todos en la sesión número 13 de dicho año. Por lo que se sometía a votación de la junta, la decisión de pagar los Q20.9 millones a PERKA.
Pero no todo el directorio estuvo de acuerdo. Según la misma escritura, dos directores se pronunciaron en contra de la negociación y el proceso que se llevaba a cabo. Eduardo Rosales Arenales y Eduardo Alfredo Granados Martínez, se pronunciaron ante el pleno de la directiva. “Nuestro voto, abstenidos por: No estar totalmente convencidos de que sea esta la forma que se deba tratar este asunto, por lo tanto, nos abstenemos de votar a favor de este proyecto”, sentenciaron.
Durante una entrevista el abogado Luis Fernando Quezada, actual abogado de DUCSA, aseguró que cuenta con toda la documentación para probar la propiedad del terreno en disputa. Sin embargo, esta compra no hace más que evidenciar el nivel de corrupción que impera en la empresa que administra el puerto más importante del Atlántico guatemalteco.
Relato intento localizar a José Roberto Díaz Durán Quezada, pero en ninguno de los contactos que registra se le pudo localizar. Por su parte el diputado Vargas, aseguró que atendería nuestra llamada, pero luego no respondió.
