El Departamento de Justicia, junto con el Departamento de Seguridad Nacional y sus socios,
anunció hoy importantes sentencias obtenidas mediante el procesamiento por parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA) de líderes, organizadores e integrantes de un prolífico
entramado de trata de personas que causó la muerte de una migrante guatemalteca en 2021.
Hoy se condenó en el Distrito Oeste de Texas a cuatro procesados por su papel en dicho
entramado: López Mateo Mateo, alias “Bud Light” (43), fue condenado a 30 años de cárcel;
Felipe Diego Alonzo, alias “Siete” (40), fue condenado a 19 años y 7 meses de cárcel; y Nesly
Norberto Martínez Gómez, alias “Canche” (38), y Juan Gutiérrez Castro, alias “Andrés” (46),
fueron condenados a 10 años y 1 mes de cárcel cada uno.
“Los cuatro procesados condenados en esta causa formaban parte de un operativo mortal de trata de personas que ponía en peligro a migrantes vulnerables para su propio lucro y que le costó la vida a una mujer —dijo el fiscal general Merrick B. Garland—. Cuando ordené la formación de
la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha en 2021, dije que el Departamento de Justicia lucharía contra
las amenazas planteadas por las peligrosas redes de trata de personas en sus lugares de origen y
funcionamiento. Desde entonces, el Departamento de Justicia ha llevado a cabo más de 260
arrestos tanto nacionales como internacionales y ha logrado más de 150 condenas por cargos de
trata de personas. El Departamento de Justicia continuará desestabilizando y desmantelando la
amenaza planteada por los operativos de trata y contrabando de personas”.
“Los tratantes de personas harán lo que sea por ganar dinero y el Departamento de Seguridad
Nacional hará todo lo que esté en su mano para detenerlos —dijo el secretario de Seguridad
Nacional Alejandro N. Mayorkas—. La condena de estas cuatro personas es el resultado directo
de una iniciativa gubernamental integral sin precedentes a fin de prevenir estos delitos y buscar
justicia para sus víctimas. En estrecha colaboración con el Departamento de Justicia y otras
partes mediante la JTFA, nuestros agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI)
continuarán investigando y desmantelando las organizaciones ilícitas que se aprovechan de la
gente vulnerable”.
“Tragedias como esta sirven como duro recordatorio de los peligros que los tratantes de personas suponen para los migrantes —dijo la fiscal general auxiliar en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Criminal del Departamento de Justicia—. La Fuerza de Tarea Conjunta Alpha,
junto con nuestros socios internacionales de fuerzas del orden público, continuará persiguiendo y abatiendo a los operativos transnacionales que socavan nuestro sistema de inmigración legal y
explotan a los migrantes para su propio lucro”.
Según los documentos judiciales, los procesados admitieron su conspiración con otros tratantes
para facilitar el movimiento de grandes números de migrantes de Guatemala por México y en
última instancia a los Estados Unidos. Cobraban a los migrantes y sus familias entre 10.000 y
12.000 dólares por el peligroso viaje. Uno de estos viajes causó la muerte de una joven indígena
guatemalteca que falleció en Texas en abril de 2021. La familia de esta mujer pagó a los
procesados unos 10.000 dólares para que la llevara a los Estados Unidos. Los sindicados lo
organizaron todo para que la guiaran durante varios días a través del desierto de México a Texas
y de ahí a una casa clandestina en Odessa (Texas), donde acabó falleciendo. Los procesados y
sus cómplices, quienes arrojaron el cuerpo a la orilla de un camino rural a las afueras de Odessa,
también acordaron compensar a la familia de la víctima en Guatemala.
“Estas condenas reflejan hasta qué punto y con qué intensidad están dispuestos a trabajar tanto
esta oficina como el Departamento de Justicia en general a fin de buscar justicia para las víctimas de delitos horrendos y evitar mayores daños —dijo el fiscal federal de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texa —. Las redes de contrabando como estas funcionan sin preocupación alguna por
las vidas de sus víctimas, más bien por su codicia y el deseo de dinero contante y sonante. En
coordinación con nuestros socios, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo,
continuaremos haciendo todo lo que esté en nuestra mano para desmantelar estas redes y hacer
que estos tratantes rindan cuentas”.
“HSI continuará aplicando su amplia autoridad investigativa y presencia internacional para
garantizar que los integrantes de estas redes criminales transnacionales rindan cuentas por
aprovecharse de personas vulnerables y maltratarlas —dijo el agente especial al cargo Francisco
B. Burrola, de HSI El Paso—. Nuestro mensaje es claro: si usted dirige una de estas
organizaciones ilícitas que se dedican al transporte de personas lo encontraremos, sin importar lo cerca o lejos que esté”.
Cada procesado se declaró culpable de un cargo de conspiración por haber traído a un extranjero
a los Estados Unidos, con resultado de muerte. Tal como se anunció el año pasado, la exhaustiva
coordinación entre las autoridades del orden público estadounidenses y guatemaltecas llevó a la
imputación y el arresto de estos cuatro procesados, así como a la aprehensión de 15 cómplices
adicionales en Guatemala. De conformidad con una solicitud de extradición, en marzo las
autoridades guatemaltecas extraditaron a Mateo Mateo, Diego Alonzo, Martínez Gómez y
Gutiérrez Castro a los Estados Unidos, las primeras extradiciones de Guatemala a EE. UU. por
contrabando de personas en casi cinco años, así como las primeras extradiciones de Guatemala a EE. UU. por cargos de contrabando de personas con resultado de muerte.
HSI Midland encabezó la investigación, trabajando en colaboración con HSI Guatemala y la
Unidad de Trata de Personas de HSI en Washington, D. C. HSI recibió ayuda sustancial de
Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos (ICE); de la Unidad de Programas de Permisos de Permanencia Temporal para
Fuerzas del Orden Público de ICE; el Centro Nacional de Objetivos/Operación Centinela de la
Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos; la Patrulla Fronteriza de los
Estados Unidos; el Servicio de Alguaciles Federales de los Estados Unidos; los departamentos de
policía de Odessa y Midland; el Departamento de Seguridad Pública de Texas; y las oficinas del
alguacil de los condados de Ector, Midland y Crane.
La Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA) prestó una importante
asistencia para garantizar el arresto y la extradición de los cuatro procesados. La Oficina de
Desarrollo, Asistencia y Capacitación Fiscal (OPDAT) de la División Criminal proporcionó
orientación específica al caso para respaldar la investigación. El Departamento de Justicia está
muy agradecido a las fuerzas guatemaltecas del orden público por su instrumentalidad en el
desarrollo de esta investigación.
El codirector de la JTFA James Hepburn, de la Sección de Derechos Humanos y Procesos
Especiales (HRSP) de la División Criminal, así como los fiscales federales auxiliares José Luis
Acosta y John Fedock del Distrito Oeste de Texas, procesaron la causa, con ayuda sustancial del
fiscal federal auxiliar Adrián Gallegos, del Distrito Oeste de Texas, y de la historiadora de la
HRSP y especialista en América Latina Joanna Crandall.
Tanto el procesamiento como la colaboración con las fuerzas guatemaltecas del orden público se
coordinaron bajo la Fuerza de Tarea Conjunta Alpha (JTFA). El fiscal general Garland creó la
JTFA en colaboración con el DHS para reforzar las iniciativas del Departamento de Justicia para
luchar contra el aumento de la prolífica y peligrosa trata emanante de Centroamérica y que afecta a nuestras comunidades fronterizas. La JTFA está compuesta por personal de las fiscalías
federales de la frontera suroeste, lo cual incluye el Distrito Sur de Texas, el Distrito Oeste de
Texas, el Distrito de Arizona y el Distrito Sur de California. Recibe asimismo apoyo específico
de numerosos componentes de la División Criminal que forman parte de la JTFA, bajo la
dirección de la HRSP y con el respaldo de la OPDAT, la Sección de Narcóticos y Drogas
Peligrosas, la Sección de Lavado de Dinero y Recuperación de Activos, la Oficina de
Operaciones de Cumplimiento, la OIA y la Sección de Delitos Violentos y Crimen Organizado.
La JTFA también depende de una inversión sustancial en fuerzas del orden público del DHS, el
FBI, la Administración de Control de Drogas (DEA) y otros socios. Hasta la fecha, el trabajo de
la JTFA ha dado lugar a más de 260 arrestos nacionales e internacionales de líderes,
organizadores y facilitadores importantes de contrabando de personas; más de 150 condenas;
imposición de penas de cárcel importantes; y decomisos de activos sustanciales