Para quienes esperan se haga justicia, se dicte sentencia o se les absuelva de toda culpa, la suspensión unilateral del convenio que daba vida a la CICIG fue un respiro de aire puro. Lo fue hasta que el mismo sistema les dejó en claro que mal con CICIG, pero peor sin ella.
Audiencias suspendidas, procesos estancados y la férrea negativa de los operadores de justicia para cumplir con la ley se han convertido en la constante en los procesos de alto impacto en Guatemala. “Pareciera que los jueces tienen una agenda y esta incluye demorar procesos y retener personas en la cárcel, por simple antojo”, asegura el familiar de un detenido por el caso Odebrecht.
“Hemos escuchado toda clase de excusas para suspender audiencias, enfermedades, falta de documentos, falta de tiempo, accidentes y ahora la nueva es la falta de seguridad para el personal de la CICIG”, familiar de detenido.
Sin embargo, y para evitar este tipo de arbitrariedades, el código penal en su artículo 468 ha contemplado una medida que busca disuadir a los jueces de caer en este juego. “Retardo malicioso, se refiere a cualquier juez que retrase de forma maliciosa la administración de justicia”. El mismo establece penas de Q2 mil a Q10 mil y la inhabilitación para ejercer el cargo por períodos de dos hasta cuatro años.
IGSS-Pisa y Odebrecht
Dos casos que ejemplifican estas arbitrariedades judiciales son los conocidos como IGSS-Pisa y Odebrecht. En el primero, la Junta Directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fue señalada de aprobar un contrato para servicios de hemodiálisis donde 51 personas murieron. Mientras, que el segundo es el escándalo de corrupción más grande de Latinoamérica, en el cual una empresa brasileña sobornó a funcionarios a cambio de obtener contratos en 12 países de América Latina y África.
Odebrecht y los sobornos
México US$10.5 millones
Guatemala US$18 millones
Panamá US$59 millones
República Dominicana US$92 millones
Colombia US$11 millones
Ecuador US$33.5 millones
Perú US$29 millones
Argentina US$35 millones
Brasil US$349 millones
Venezuela US$98 millones
Mozambique US$900 mil
Angola US$50 millones
Los señalados en ambos casos esperan que su proceso legal pueda ser resuelto, pero las medidas dilatorias no se han hecho esperar. Para los detenidos, los procesos ya se han excedido tanto en el tiempo como en la cantidad de suspensiones de audiencias.
Así, el caso IGSS-Pisa, de ser uno se ha convertido en dos procesos distintos, asegura el abogado Guido Ricci. El primero fue por el tema de la contratación de la empresa para las hemodiálisis y ahora le sumaron otro, que incluye la compra de unas ambulancias y equipo de informática.
“Queremos que el proceso siga, pero que de acuerdo con la ley se pueda otorgar una medida sustitutiva, cosa que no se logra pues las audiencias se retrasan”, Guido Ricci.
Familiares y amigos de algunos de los sindicados han intentado, durante cuatro ocasiones pedir al juez que se otorgue una medida sustitutiva, pero al no celebrarse las audiencias, este no puede emitir opinión sobre el tema. “Hubo retardos y denegación de justicia al no otorgar una medida sustitutiva, pues no había posibilidad de obstaculizar el proceso”, afirma Ricci.
Por otro lado, se ha buscado la forma de retrasar las audiencias y con esto lograr mantener a personas como Max Quirín, ex miembro de la directiva del IGSS, quien lleva en prisión tres años y ocho meses encerrado, sin haber sido condenado ni escuchado, pues no se aplica la ley como se debe, sostiene Ricci. Ya en diciembre pasado, se suspendió la audiencia, pues se adujo incapacidad de judicatura y el pasado miércoles se volvió a suspender pues la CICIG no se presentó.
Según el memorial presentado por la representante de CICIG, Amanda Trejo, la entidad internacional no se presentaría a la última audiencia. Su excusa fue simple y clara, “no se dan las garantías de desplazamiento de la comisión (CICIG)”.
“No se vale suspender una audiencia, donde se podría otorgar una medida sustitutiva a una persona que lleva 3 años y 10 meses detenida. La audiencia se pudo llevar con los que estaban presentes, no era necesaria la presencia de CICIG”, Guido Ricci.
De igual forma, los cuatro detenidos en el caso Odebrecht han conocido el retardo malicioso en la aplicación de justicia en carne propia. Desde el pasado 19 de noviembre, se tenía prevista la primera audiencia, pero esta fue suspendida por enfermedad de la juzgadora y reprogramada para el 8 de enero. Luego fue suspendida nuevamente y trasladada para el 28 de enero y ese día, la CICIG se excusó.
“Dijeron lo mismo que en el caso de IGSS-Pisa y la jueza corrió la fecha para el 27 de febrero”, familiar de uno de los detenidos.
Así las cosas, mientras no está claro si en Guatemala hay o no CICIG, si habrá o no justicia en los tribunales todo está detenido. Retrasado de forma tal que, quien quiere ser escuchado no encuentra oídos y quien debe escuchar se los tapa para no darse por enterado.