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En 2015, les señalaron de formar parte de una estructura criminal dedicada a la falsificación de documentos. Fueron separados y dos años después condenados a penas entre 14 y 19 años de cárcel.

En Guatemala, la CICIG, el MP y la PDH se negaron a escuchar sus versiones y darles acompañamiento, pues aducían ser víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hoy la Corte de Constitucionalidad y el Congreso de los Estados Unidos pondrán en orden a las tres instituciones guatemaltecas.

Mientras, la CC reconoce que el juicio en contra de la familia Bitkov fue ilegal, el Congreso de los Estados Unidos pide explicaciones a “Don Iván Velásquez” por su actuar en el caso. Para Luis Morales, abogado de la familia de origen ruso, “el caso llegó a un punto en que cada quien debe responder por su actuar, para bien o mal”.

Así llegaron a Guatemala

Salieron de Rusia en 2009, luego de un incidente, en el cual las autoridades les confiscaran sus bienes y empresas. Según sus declaraciones habrían sido los simpatizantes y afines a Vladimir Putin quienes le expropiaron su negocio de papel para robarlo. Uno a uno los Bitkov abandonaron su natal Kaliningrado, para evitar que el Gobierno de Putin les apresara.

Anastasia, la hija mayor, viajó a Londres donde durante algún tiempo figuró como una socialité de primera línea. Mientras, sus padres trataban de solventar la situación en Rusia para evitar perder sus bienes.

Así nació el caso “Migración”

Los esfuerzos de la familia fueron vanos y meses más tarde todos abandonaron Rusia. En busca de un lugar para vivir, vía Internet contactaron al Bufete de Abogados “Cutino International Off Shore”, según consta en la declaración de los Bitkov y en la sentencia de la CC, para conseguir documentos guatemaltecos y poder esconderse en nuestro país.

Para lograr los documentos, los Bitkov debieron pagar unos US$150 mil. Los fondos se repartieron entre funcionarios de Gobierno y los propios miembros del bufete.

Y fue así como inició una investigación, en la cual la CICIG y MP atacaron una red de venta de documentos llamada “Caso Migración”. Varios funcionarios y empleados fueron señalados de participar en la red y los Bitkov no fueron la excepción.

La familia buscó que su versión de los hechos se escuchara, pero ni la PDH se tomó el tiempo de atenderlos, asegura Morales. Por su lado, Jazmín Barrios, la juzgadora decidió ignorar el reclamo de los Bitkov que se declararon migrantes en busca de asilo político.

Luego de una serie de actos legales, la familia fue ligada a proceso y enfrentó un juicio. El resultado fue condenas de entre 14 y 19 años, y un niño entregado bajo custodia a los abogados de los Bitkov.

Los Bitkov y la ley Magnitsky

La muerte del contador, Serguei Magnitski, en 2009, se dio a manos de las autoridades rusas, luego de denunciar robo, fraude y violaciones a los derechos humanos, por parte de las más altas autoridades del Estado. Magnitsky pasó 358 días en la prisión de Butyrka, donde murió siete días antes de que expirara el plazo de su detención y la convirtiera en ilegal.

En 2016, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Global Magnitsky, que “permite al Gobierno estadounidense imponer sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus propios países de origen”. Hoy las denuncias de los Bitkov, sobre el involucramiento de algunos funcionarios rusos en casos de corrupción, podría ser una razón para que los Estados Unidos muestre tanto interés en el caso.

Entre tanto, el Congreso de los Estados Unidos espera que mañana la CICIG y el MP den explicaciones de su actuar en un caso donde se violaron los derechos humanos de una familia. En Guatemala, los Bitkov esperan que los encargados de notificar lo resuelto por la CC envíen la orden para su liberación.

Mientras tanto, un niño volverá a vivir con sus padres y una familia será liberada, para autoridades involucradas en el caso, la historia es otra. Tanto el PDH, CICIG como el MP y hasta la juez Jazmín Barrios deberán rendir cuentas de sus acciones, pues durante más de tres meses una familia fue encarcelada sin sustento legal. 

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