La decisión ha sido tomada siguiendo la ley estadounidense de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados. Dicho estatuto ampara al Secretario a prohibir el ingreso a aquel territorio a cualquier persona señalada de corrupción.
“Una vez que el Secretario de Estado designa a funcionarios de gobiernos extranjeros por su participación, directa o indirecta, en corrupción significativa, esas personas y sus familiares directos no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos”.
Sección C, Ley de Apropiaciones del Departamento de Estado, Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados
Pompeo publicó en su Twitter: “Los actos corruptos de Delia Bac y Felipe Alejos Lorenzana socavaron el Estado de Derecho en Guatemala. Los estoy designando públicamente junto con los miembros de la familia inmediata de Alejos como no elegibles para ingresar a los EE. UU. Seguimos siendo #UnitedAgainstCorruption con nuestros socios en Guatemala”.
También detalló: “Como diputada de 2008 a 2020, la señora Bac estuvo involucrada en actos de corrupción, incluido el uso de su influencia política para el enriquecimiento personal y el beneficio de ella y de su familia”.
También a sus familias
En el caso de Alejos, el Departamento prohibió el ingreso a EE. UU. a su esposa, María Ximena Morales de Alejos y a sus hijos menores. Para Bac, el mandato alcanzaría a sus hijos (incluida la diputada Eva Monte, su hija).
A mediados de este año, también se le vedó el ingreso a Gustavo Alejos y sus familiares a territorio norteamericano por los mismos motivos.
Las oficinas de relaciones públicas de los diputados aún no dan declaraciones pese a la insistencia de los periodistas.
Delia Bac tuvo peticiones de retiro de inmunidad, una de ellas, la más recordada quizás, fue por la construcción de un tramo carretero en la aldea “Paxtal”, en Sumpango Sacatepéquez, que resultó beneficiando no a una población (como se expresaba en el proyecto) sino solamente a un spa que era propiedad de su exesposo.
Alejos, por su parte, es acusado de ser integrante en el caso conocido como Traficantes de Influencias que permitía que empresas privadas tuvieran devolución de créditos fiscales por parte de la SAT mediante amparos de jueces.