El pasado viernes 28 de septiembre, la policía Orteguista hizo oficial los nuevos “crímenes” por protestar contra el Gobierno de Daniel Ortega. “Son responsables y responderán ante la justicia, de las amenazas, acciones delictivas y agresiones que se presenten en el desarrollo de estas actividades”, afirmó la institución en un comunicado.
La advertencia viola directamente los artículos 53 y 54 de la Constitución nicaragüense que estipulan:
Artículo 53. Se reconoce el derecho de reunión pacífica; el ejercicio de este derecho no requiere permiso previo.
Artículo 54. Se reconoce el derecho de concentración, manifestación y movilización pública de conformidad con la ley.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) se pronunció sobre la represión que vive Nicaragua. “Cuando se impide la participación en las audiencias públicas o se genera un decreto de la Policía que restringe el derecho constitucional a la libre manifestación; ese camino de empezar a constituir normas de excepción a las garantías constitucionales nos parece apuntar a una transformación, que establece un régimen de prohibiciones, pasando de un Estado de derecho a un Estado de excepción”, explicó Paulo Abrão, secretario ejecutivo de la CIDH.
Universitarios también responden
La mayor agrupación de estudiantes universitarios que manifiestan en contra de Daniel Ortega, la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), no piensa terminar con las marchas y protestas. “Seguimos decididos como pueblo a continuar manifestando nuestro repudio y desconocimiento al Gobierno, con la movilización pacífica”, afirmó el grupo en un comunicado.
Desde hace meses, los universitarios han sido el blanco de fuerzas armadas y grupos paramilitares que buscan acabar con las protestas. Decenas de universitarios se encuentran tras las rejas luego de ser detenidos por la policía nicaragüense.
El impacto de una crisis
Desde el comienzo de las protestas, uno de los sectores más afectados fue el de los servicios de salud. Más de 300 médicos profesionales han sido despedidos por ayudar a tratar las heridas de los protestantes.
La incertidumbre llegó a otros países, por lo que el turismo en el país descendió drásticamente. Según la Cámara de Turismo, Nicaragua dejó de recibir al menos 600 mil visitantes, debido a las alertas de viaje internacionales. Además, cerca de 340 mil personas que se dedicaban a esta actividad han perdido sus empleos.
Este domingo 14 de octubre, varios manifestantes se reunieron en el lado sureste de Managua y fuerzas policíacas tiraron bombas aturdidoras para disipar al grupo. Se detuvieron al menos 26 personas y varios relatan que fueron arrastrados por el pavimento hasta las patrullas. Luego, la policía reiteró que “no se permitirán manifestaciones o movilizaciones en la vía pública que no cuenten con el debido permiso”.
Entre los capturados figuran Suyén Barahona y Ana Margarita Vijil, ambas del Movimiento Renovador Sandinista (MRS). Este es un partido democrático y progresista que promueve la construcción de Nicaragua, a partir de oportunidades.
También fueron arrestados José Antonio Peraza, miembro del Movimiento por Nicaragua y Tamara Dávila, hija del fallecido coronel en retiro, Irwin Dávila, opositor al Gobierno.
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