La cuestionada Leyla Lemus, ¿la próxima secretaria general de Giammattei? imagen

Leyla Lemus, la supuesta candidata a la secretaría general del próximo gobierno ha tenido mas de 8 demandas penales y orden de captura por CICIG

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El nombre de Leyla Susana Lemus Arriaga es bien conocido por múltiples demandas y anomalías de las que ha sido acodada en el Ministerio Público (MP) y la Contraloría General de Cuentas (CGC). Ahora, podría llegar a ser parte del equipo de Alejandro Giammattei, convirtiéndose en la próxima secretaria general de la Presidencia.

Lemus Arriaga tiene ocho denuncias en su contra, donde la señalan de abuso de autoridad, falsedad ideológica, lesiones leves, robo de equipo terminal móvil, abandono del cargo y tráfico de influencias, entre otros señalamientos.

Lemus Arriaga ha sido nombrada en distintas publicaciones en redes sociales, las cuales indican que ella sería la responsable del apoyo jurídico y administrativo del presidente electo. Ello, a partir de que Giammattei tome posesión como mandatario de la nación en enero de 2020.

Sin embargo, las críticas contra la extrabajadora del MP no tardaron en llegar, debido a que cuenta con distintas denuncias en su contra.

SU PASADO

Lemus Arriaga fue directora de Asuntos Jurídicos y Juicios en la CGC, de 2010 a 2015; fue agente fiscal en el MP, de 1993 al 2004, y subdirectora de la Oficina de Protección del Testigo, en 2008. Durante su paso por ambas instituciones tuvo algunos señalamientos, y uno de ellos originó una orden de captura en su contra.

Además, laboró como directora legal de gerencia en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en 2009. En 2008 también trabajó como subdirectora administrativa-financiera del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) y en 2010 fue directora de la Dirección de Fideicomisos en el Ministerio de Finanzas Públicas.

Lemus Arriaga tuvo su mayor señalamiento en 2009, cuando se presentó voluntariamente a un juzgado por tener una orden de captura en su contra. El tercer informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de 2010, le sindicó de varios delitos.

Entre los señalamientos que más resaltaron en su contra, está el realizado por el partido Encuentro por Guatemala, en 2013. En este se le relaciona como representante legal de nueve contratos que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) tenía con constructoras que no contaban con número del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

En aquel entonces, la diputada Nineth Montenegro señaló para un periódico vespertino que los nueve contratos donde aparecía Lemus Arriaga eran parte de un listado de empresas que el Micivi hizo para determinar el monto de la deuda flotante, que pretendía pagar con la emisión de bonos del Tesoro por Q3 mil 500 millones.

Montenegro dijo al medio escrito en 2013 que en las empresas había hallazgos por la adquisición de deuda, sin tener respaldo financiero y legal. Ello provocaba un conflicto de intereses, ya que Lemus Arriaga era la encargada de llevar el caso como parte del personal de la CGC.

Lemus Arriaga tuvo su mayor señalamiento en 2009, cuando se presentó voluntariamente a un juzgado por tener una orden de captura en su contra. Según el tercer informe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de 2010, se le sindicó de varios delitos.

En el caso también fueron señalados el exfiscal Álvaro Vinicio Matus Flores y el exjefe de Análisis de la Oficina de Protección del Testigo, Pedro Pablo Girón.

A Matus Flores se le señaló de que en 2008, en su calidad de jefe de sección de la Fiscalía de Delitos contra la Vida y la Integridad de las Personas del MP, cometió los delitos de conspiración, obstrucción de justicia, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en la investigación del asesinato de un asesor del Ministerio de Gobernación, el venezolano Víctor Rivera.

La jueza encargada del caso, Marta Sierra, explicó en aquel entonces que los funcionarios antes mencionados pudieron haber incurrido en dichos delitos. Lemus Arriaga fue ligada a proceso y se le ordenó arresto domiciliario, arraigo y prohibición de salir del país, aunque no fue a la cárcel luego del pago de una fianza.

Actualmente, Lemus Arriaga aparece en el listado publicado por el Diario de Centro América (DCA), en el que se detalla a los notarios que tienen impedimento temporal para el ejercicio de su profesión.

Según el artículo 4 del Código de Notariado, no pueden ejercer el Notariado:

  • Los que tengan auto de prisión motivado por alguno de los delitos a que se refiere el inciso 4o. del artículo anterior.
  • Los que desempeñen cargo público que lleve aneja jurisdicción.
  • Los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y Judicial.
  • Y de las municipalidades que devenguen sueldos del Estado o del municipio y el presidente del Congreso de la República.
  • Los que no hayan cumplido durante un trimestre del año civil, o más, con las obligaciones que impone el artículo 37 de este Código.

la plaza

El artículo 9 de la Ley del Organismo Legislativo se refiere a la Secretaría General de la Presidencia, la cual tiene como función tramitar los asuntos de Gobierno del Despacho del Presidente. También establece que, para ejercerlo, se requieren los mismos requisitos para ser ministro y gozará de iguales prerrogativas e inmunidades.

El actual secretario general de la Presidencia es Carlos Adolfo Martínez Gularte, quien tiene un salario líquido de más de Q40 mil.

El secretario general de la Presidencia tiene las atribuciones siguientes:

  • Dar fe administrativa de los acuerdos gubernativos y demás disposiciones del Presidente de la República, suscribiéndolos.
  • Distribuir las consultas técnicas y legales a los órganos de asesoría de la Presidencia.
  • Revisar los expedientes que se sometan a conocimiento y aprobación del Presidente de la República.
  • Velar porque el despacho del Presidente se tramite con la prontitud necesaria.

Según el artículo 196 de la Constitución Política de Guatemala, para ser ministro de Estado se debe ser guatemalteco, hallarse en el goce de los derechos de ciudadanos y ser mayor de 30 años.

El posible nombramiento aún no está confirmado, aunque en redes sociales se señala que ella sería una de las candidatas para ese cargo. Se intentó confirmar con el área de comunicación del mandatario electo, pero señalaron que no tenían comentarios respecto a rumores.

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