Ley de Tarjetas de Crédito pasa a primera lectura en el Congreso imagen

Esta ley regularía la tasa de interés y daría la posibilidad de reestructurar deudas.

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Este jueves 3 de septiembre, el diputado Ronald Arango, explicó que sería la fecha en la que el Congreso conocería en primera lectura su propuesta de Ley de Tarjetas de Crédito.

Todo empezó con el hartazgo de los tarjetahabientes guatemaltecos que rogaban por el amparo del Estado, ante un sistema que les deja en total indefensión contra cualquier abuso de las grandes transnacionales que manejan el sistema de tarjetas.

Parecía ser un problema que afectaba a muchos, pero había muy pocos, o intentando resolverlo. Arango lleva ya muchos años de estar promoviendo una legislación en el rubro. Llegó incluso al punto de recaudar firmas electrónicas para visibilizar la necesidad de una normativa.

El diputado creó en el sitio web change.org, la petición “Urge la ley de tarjetas de crédito” y a la fecha de creación de este artículo, el movimiento tiene 1,754 firmas. Sobre el tema el congresista explicaba: “Esperamos que más personas se sumen y de esta manera se haga un llamado al Congreso sobre la importancia de la aprobación de esta”.

“Miles y miles de guatemaltecos somos víctimas de los abusos de los altos intereses de las tarjetas de crédito. Más de Q15 mil millones se les debe a los emisores de tarjetas. La población guatemalteca es ahora esclava de las deudas. Ante los abusos desmedidos, exigimos la Ley de Tarjetas de Crédito para que proteja al usuario”.

Diputado Ronald Arango

El legislador explicó también que Guatemala es uno de los únicos cinco países de toda Iberoamérica que no cuenta con una regulación de las tarjetas de crédito.

¿Una nueva ley?

Guatemala ya tenía una ley sobre el tema, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el Decreto 7-2015, la Ley de Tarjetas de Crédito. Los principales sectores en contra de la antigua ley eran algunos representantes empresariales y también algunos bancos del sistema.

En la propuesta que ahora está en proceso de lecturas, el Legislativo pretende regular las tasas de interés y refuerza la necesidad de obligar a los emisores de tarjetas de crédito a realizar evaluaciones a los usuarios sobre su capacidad de pago (para no extender tarjetas a quienes no puedan pagarlas). Además, obligaría a la Superintendencia de Bancos a supervisar a los emisores para que cumplan con los contratos preestablecidos.

Tras haberla presentado en el Hemiciclo y haber superado una revisión y análisis de la Comisión de Economía, esta nueva propuesta deberá pasar por diversas lecturas y ser aprobada, cambiada o improbada.

“Ojalá no le quiten los dientes a la propuesta. Será la única forma de proteger realmente al tarjetahabiente”.

Diputado Ronald Arango

Cada día cuenta

La ley que había sido aprobada en 2015 fue suspendida, de forma provisional durante dos años y nueves meses y según el diputado Arango, solo en ese lapso las deudas de los guatemaltecos crecieron desmedidamente: “Durante ese período que la Corte no resolvió se endeudó a la población guatemalteca por arriba de los Q3 mil millones”.

La ley también velará por la regulación de las tasas de interés, añade la posibilidad de que el usuario pueda reestructurar su deuda y prohíbe la capitalización de los intereses, el cobro de comisiones, servicios adicionales y otros cargos.

Y marcaría historia dando vida al delito de clonación de tarjetas de crédito.

Las oficinas de relaciones públicas, representantes de las tres empresas de tarjetas de crédito que trabajan en Guatemala, guardan silencio hasta ahora sobre la nueva iniciativa de ley. Han explicado que antes de emitir comentarios deberían consultar, jerárquicamente sobre alguna postura, la cual, no se ha emitido.

Otros cambios que traería la ley:

  • Prohibiría a los bancos tomar sin permiso del cliente dinero de las cuentas.
  • Obligaría a los bancos dar información sobre comisiones, recargos e intereses a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumido (Diaco) y la Superintendencia de Bancos (SIB) para que estos a su vez informen a sus clientes.
  • Permitiría a las cooperativas emitir tarjetas.
  • Establecería que el pago mínimo incluya abonos a capital para no pasar años pagando solo intereses.
  • Se crearía la Unidad de Protección de Servicios Financieros, dependiente de la Diaco.

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