Hace 38 años obreros, campesinos y estudiantes, tomaron la Embajada de España de manera pacífica. Lo único que pedían era que se esclarecieran los asesinatos, secuestros y desapariciones cometidos por el Ejército en Quiché.
Fueron 37 las víctimas, quienes fueron quemadas vivas por las fuerzas represivas, dirigidas por el entonces presidente, Fernando Romeo Lucas García. Del lugar solo salieron vivas dos personas, Máximo Cajal y Gregorio Yujá Xoná, el último estaba en el hospital cuando fue secuestrado y asesinado.
A pesar del tiempo transcurrido, las familias aún recuerdan con dolor esa fecha. Y cada año se reúnen para conmemorar a las víctimas de este suceso lamentable. Los rostros denotan todavía tristeza y sed de justicia, hablar de ello no es fácil para ellos.
Muchos no quisieron contar su experiencia, debido al daño emocional que esto representa. Frases como: “No puedo hablarles”, “no en este momento” o “no muchas gracias”, nos respondieron.
Solo una mujer, quien prefiere mantenerse en el anonimato, nos contó cómo recuerda ese momento, ella tenía tan solo 16 años, cuando se enteró que una de las víctimas había sido su papá y dijo que “él solo pedía justicia, no estaban haciendo nada malo”. La voz se le quebranta y nos dice: “Por favor, no me tomen fotos”. Fue la única que nos contó su experiencia personal.
El Comité de Unidad Campesina (CUC) denuncia que en la actualidad continúan enfrentando la violación a sus derechos colectivos, como pueblos indígenas, la explotación de sus recursos naturales, las amenazas y asesinatos en contra de sus líderes. Asimismo, acusan al actual Gobierno por los 12 desalojos en las comunidades indígenas y campesinas, además de las órdenes de captura en contra de sus líderes.
A 38 años de la conmemoración de la masacre de la Embajada de España en Guatemala exigen:
La captura de Donaldo Álvarez Ruiz, el entonces director de la Policía Nacional, quien fue uno de los responsables de la masacre en la Embajada.
Condenan el actuar de las instituciones que defienden a exmilitares y funcionarios públicos que participaron en las masacres, violaciones, secuestros y otros crímenes contra ellos.
Hacen un llamado a las comunidades para seguir defendiendo sus derechos.
Una placa conmemora frente a la antigua Embajada de España a las víctimas del hecho. Pero, las huellas del dolor jamás se borrarán de los corazones de sus familiares.
