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La Cámara de Alimentos y Bebidas presentó 5 propuestas para la protección del sistema económico y social.

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Ante la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 en nuestro país, la Cámara Guatemalteca de Bebidas y Alimentos (CGAB) y el Observatorio contra el Contrabando (OCC) han estructurado algunas propuestas para la protección del sistema económico y social, con el objetivo es coadyuvar a mitigar la crisis económica de Guatemala.

Enrique Lacs, director ejecutivo de la CGAB, explicó que la situación en el mundo es preocupante, por lo que estas medidas ayudarán a abastecer a los guatemaltecos, especialmente a las personas de las áreas rurales donde la desnutrición es una de las causas sociales que más afecta a las poblaciones.

Lacs aseguró que han tratado de mantener los precios con los que se venden los productos de la fábrica al distribuidor de manera invariable. Aun así, lamentó que los precios manejados por los distribuidores son a la ley de la oferta a la demanda y “si hay escasez le aumentan a los precios”, resaltó.

“Hacemos un llamado a las personas a la calma, si las personas llegan a comprar a los centros de distribución en grandes cantidades fuera de los hábitos acostumbrados de consumo, lo que hacen es romper el inventario, quedar desabastecidos y generar escasez”, agregó Lacs.

El director ejecutivo de la CGAB también indicó que tienen comunicación con la DIACO para determinar dónde se da la alza a los precios. Por ello, dicha Cámara le recomienda al Gobierno implementar las sugerencias planteadas en 5 puntos, durante estos momentos de crisis y ejecutarlos en el corto plazo para prevenir, contener y salvaguardar la economía.

Imagen representativa

Las cinco propuestas

1. Eliminación del IVA de la canasta básica por seis meses:

Al suspender temporalmente el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los alimentos de la canasta básica, los precios de los 36 productos que la forman podrían experimentar una reducción de un 12 por ciento, lo cual beneficiaría a la población guatemalteca de forma general.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la canasta básica en Guatemala tiene un costo promedio de Q3 mil 549; si a esto se le hace dicha reducción generaría un impacto social positivo, ya que el precio de los alimentos de primera necesidad rondaría en los Q3 mil 300 mensuales.

2. Incrementar el apoyo a los programas de combate al hambre y desnutrición:

La CGAB ve con buenos ojos los programas que serán implementados por el gobierno para beneficiar a los ciudadanos, sin embargo, estima que son insuficientes para proteger a las 800 mil familias más vulnerables. Resaltan que el presidente Alejandro Giammattei dijo que se utilizarán Q200 millones del fondo de emergencia y se destinará a 200 mil familias, otorgando Q1 mil por familia en abril para pagar luz, agua y hacer mercado.

Ante ello, recomiendan que las políticas públicas dirigidas por la SESAN, MIDES, MINEDUC, MAGA, MARN y el Ministerio de Salud, agrupadas en la “Gran Cruzada Nacional contra el Hambre”, sigan su rumbo y trabajen de manera constante y coordinada para atender los 114 municipios en el territorio nacional en riesgo de desnutrición.

3. Alimentación escolar, aumento a la asignación por estudiante:

Según la Ley de Alimentación Escolar, el plato de comida que reciben los niños y adolescentes debería ser un “complemento a alimentos que reciben en el hogar y que contribuye a satisfacer su dieta diaria”, lamentablemente indicaron que es la única comida consumida de un gran porcentaje de los 2.5 millones de menores de edad que usan este sistema.

La Ley antes mencionada estipula que por niño el Mineduc asigne Q4 diarios, los cuales son depositados a las cuentas de las diferentes organizaciones de padres de cada escuela. El Gobierno, ante la emergencia causada por el COVID-19, continuará brindando este beneficio.

La CGAB considera esta medida como satisfactoria, pero también da la recomendación que para apoyar a aquellos niños que provienen de familias de escasos recursos la asignación sea aumentada como motivo de prevención de hambre en las familias de escasos recursos.

4. Estructurar la cadena alimenticia:

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) lanzó diferentes recomendaciones a los países para que no interrumpan las cadenas de producción alimenticia, debido a que estas son eslabones importantes dentro de la economía nacional, internacional y mundial.

Según la FAO, proteger las cadenas de alimentos y bebidas puede significar la prevención de un estancamiento económico en los países, debido a que en su mayoría el sector agroalimentario es una de las principales fuentes de trabajo.

Como segundo punto, la FAO propone que los alimentos y bebidas con la ayuda de los gobiernos deben moverse de forma rápida y eficiente en los puntos aduaneros, luego de cumplir con las normas; esto, para evitar retrasos en el tema de logística y entrega.

También recomienda que se apoye a la industria nacional, agricultores y productores, con el objetivo de cubrir las necesidades alimentarias de la población, además de tomar las medidas necesarias en temas económicos para garantizar alimentos a buen precio.

5. Combatir el contrabando:

El OCC insta al Gobierno de la República y al Sistema de Justicia actuar arduamente en investigar, detener y prevenir el contrabando aduanero, así como contener las redes que se benefician de esta modalidad ilegal e ilegítima que afecta a los guatemaltecos.

Según estimaciones realizadas por el Gobierno, actualmente se dejan de percibir en materia de impuestos de 30 a 35 mil millones de quetzales al año por el contrabando y defraudación aduanera, principalmente por las que colindan con México, ingresos tributarios que en este momento serán de importancia para el Estado.

Por ello señalan que es urgente una nueva ley que fortalezca la lucha contra el contrabando, que permita fortalecer las instituciones como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Ministerio de Gobernación (MINGOB), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía contra Delitos de Defraudación y Contrabando del Ministerio Público (MP).

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