La Organización de las Naciones Unidas (ONU) por fin apareció tras cientos de muertes consumadas por la represión del Gobierno de Nicaragua y propuso instalar una Comisión de la Verdad, el pasado 29 de agosto. El presidente, Daniel Ortega, era el principal señalado por las violaciones a los derechos humanos que, desde el inicio de las protestas del pasado 18 de abril, han empeorado.
Entre los señalamientos hechos por parte de la ONU se encuentra el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los miembros policiales, detenciones, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Todas las acusaciones sobre la represión fueron entregadas en el informe Violaciones de derechos humanos y abusos en el contexto de las protestas en Nicaragua, por parte de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
Los más de 300 fallecidos y 2 mil heridos de los actos de violencia durante las protestas han provocado que la comunidad internacional y el Consejo de Derechos Humanos considere adecuado monitorear la evolución de la situación en Nicaragua. Esto para prevenir mayores pérdidas y violaciones de los derechos humanos.
DOS horas para salir
Apenas dos días después de la presentación del informe de las Naciones Unidas sobre la situación de Nicaragua, Ortega atacó. El Gobierno nicaragüense ordenó la salida de la representación de la OACNUDH y dándole un tiempo de dos horas para abandonar el país hasta el 1 de septiembre.
La cancillería envió una carta a la misión de las Naciones Unidas afirmando que su salida se debía a que “han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación. Este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finaliza la visita a partir de hoy”.
Posteriormente, la misión afirmó por medio de un comunicado que “proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Oficina del Alto Comisionado”.
Señalamientos que todos anunciaron
Los señalamientos de la OACNUDH confirmaron lo que las redes sociales, las víctimas, los manifestantes y las noticias relataron. Sin embargo, para la ONU era responsabilidad de la Policía la masacre en el barrio Carlos Marx. En el informe, se desconoce la versión policial de los crímenes, en el cual una familia de seis integrantes murieron en un incendio provocado, entre ellos estaba un niño de 3 años y un bebé.
Otro de los señalamientos a las fuerzas policíacas de Nicaragua, presente en el informe es la muerte de Teyler Leonardo Lorío Navarrete, de 14 meses, quien murió por un disparo en la cabeza durante un ataque de paramilitares en Managua. “Los padres del bebé declararon públicamente que individuos vestidos de civiles, a quienes identificaron como miembros de la Policía, les dispararon”, resalta en el informe.
En ambos casos, se determinó que las actas de defunción fueron manipuladas. A pesar que varias víctimas no superaban los tres años de edad, sus muertes fueron categorizadas como “suicidio”.
Ortega intenta aferrarse a su posición política, ahora para evitar la intervención internacional dentro de sus funciones.