La lucha por “la vida y la familia” en el Congreso de la República ha pasado al plano internacional, luego que algunos diputados estén promoviendo la iniciativa 5272. Por ello, las Naciones Unidas envió una carta mostrando su preocupación por las acciones de los parlamentarios.
En la carta, se expresa la preocupación de tres partes especializadas:
- El Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
- El Experto Independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género.
- El grupo de trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica.
Con relación a la iniciativa 5272 “Ley para la protección de la vida y la familia”, los especialistas concuerdan en que presentan graves inconsistencias con los estándares internacionales de Derechos Humanos. Además, indican que se estarían afectando en particular los derechos de las mujeres, niños y a las personas LGBTI.
La carta fue enviada a la Ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, el 31 de agosto para que se le hiciera de conocimiento al Congreso.
Entre las preocupaciones que establecen está que el proyecto de ley atenta contra los derechos de la salud de las personas, en especial el de las mujeres. “Instamos a las autoridades que rechacen cualquier iniciativa o campaña discriminatoria para evitar retrocesos en la lucha por los derechos a la igualdad”, dice la carta.
Además, hacen el recordatorio que los establecimientos, los bienes, la información y los servicios de salud relativos a la atención de la salud sexual y reproductiva deben ser accesibles. Estos servicios deben estar enfocados a todas las personas y grupos sin discriminación ni obstáculos.
Tres problemáticas principales:
El primero es el derecho sexual y reproductivo, en el que señalan que se estaría estableciendo como delito al aborto espontáneo o natural, lo que afectaría en especial a mujeres pobres por las situaciones en las que viven. Junto a ello, también se estaría aumentando desmedidamente las sanciones de prisión por abortar.
Señalan como segundo punto que se violenta el derecho a la igualdad en la familia, al limitar el concepto de familia a un solo modelo entre hombre y mujer. Respecto a la educación, señalan que se violenta al prohibir a las entidades educativas la inclusión de problemas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género.
Como tercer punto destacan el tema de la discriminación y violencia, debido a que la iniciativa incita a la violencia contra las personas no heterosexuales. Esto, al establecer que toda persona tiene derecho a su libertad de conciencia y expresión por no estar obligado a aceptar como normales las conductas y prácticas de los miembros LGBTI.
