El 21 de agosto de 2015, el Ministerio Público (MP) junto a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), interpusieron un antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina. En aquel entonces, se buscaba investigar al mandatario por su posible vínculo con la red denominada La Línea.
A Molina se le acusaba de asociación ilícita, caso especial de defraudación aduanera y cohecho pasivo. Por estos mismos delitos ya se había ligado a un proceso penal a la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien meses antes había perdido su inmunidad.
Cuatro días después de haber sido presentado el antejuicio contra Otto Pérez, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo aprobó para su trámite y fue enviado al Congreso de la República. Allí, los diputados eligieron a una Comisión Pesquisidora para que evaluara los señalamientos contra el Presidente.
El 30 de agosto, la Comisión Pesquisidora recomendó retirarle la inmunidad a Pérez Molina. El 1 de septiembre, con 132 votos favorables, el Presidente pierde la inmunidad y renuncia dos días después para ponerse a disposición de las autoridades.
Tres años después
Con Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti en prisión preventiva desde hace tres años, un nuevo antejuicio es presentado en agosto. Ahora es contra el actual presidente de la República, Jimmy Morales, quien enfrentará su segundo antejuicio en el Congreso.
El 10 de agosto del presente año, el MP y la CICIG presentaron un nuevo antejuicio contra el presidente Morales. En él, se le señala de haber recibido aportes al partido FCN-Nación durante la campaña del 2015, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Debido a ello, la CSJ decidió el 22 de agosto dar trámite al expediente para enviarlo al Congreso donde está pendiente de entrega. Con este nuevo antejuicio, los diputados deberán conformar una Comisión Pesquisidora para evaluar los señalamientos y recomendar o no el retiro de inmunidad.
Para que el presidente Morales pierda su inmunidad, se necesita de 105 votos favorables.
Jimmy Morales podría quedar sin inmunidad a principios de septiembre, tal y como le sucedió a Otto Pérez Molina en 2015. Si esto llegase a pasar, el Presidente podría ser detenido dejando de ser el mandatario del país o bien seguir los pasos de su antecesor poniéndose a disposición de las autoridades.