El 1 de agosto de 2007, el acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Gobierno de Guatemala fue ratificado por el Congreso de la República. Así, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) entró en vigencia el 4 de septiembre de ese mismo año.
Con la creación de la Comisión, en 2008 comenzó a funcionar una nueva fiscalía en el Ministerio Público (MP), que se denominaba Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG (UEFAC), que pasó a ser la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), como la conocemos hoy en día.
Dicha Fiscalía fue creada con el objetivo de investigar aquellos casos de alto impacto que encuadren en el mandato de la CICIG; es decir, los casos en los que se vean involucrados cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad (CIACS).
Tras más de 10 años funcionando en el país, el 14 de mayo recién pasado la fiscal general, María Consuelo Porras, indicó que la FECI ya no continuará. El motivo: la referida entidad perderá vigencia en septiembre de este año, cuando concluya el mandato de la CICIG, a decisión del presidente Jimmy Morales.
Del amor al odio
En sus inicios no eran tan mediáticos; sin embargo, con el caso “La Línea”, en 2015, la FECI y el jefe de dicha Fiscalía, Juan Francisco Sandoval, comenzaron a ser más mencionados. Los casos cayeron como lluvia: “Agua mágica”, “Cooptación del Estado”, “Caja de Pandora”, fueron algunos que salieron a la luz durante los años siguientes.
En ese momento, la FECI y CICIG eran admirados ante la opinión pública, quienes exigían resultados desde años atrás.
Las críticas eran positivas, ya que en Guatemala nunca se habían visto tantos resultados llevando a funcionarios, empresarios y trabajadores del Estado tras las rejas. Los más importantes fueron Roxana Baldetti y Otto Pérez Molina. Lamentablemente para la FECI, hubo casos que fueron desgastando su imagen.
A finales de 2018, la referida Fiscalía tenía más de 20 denuncias en su contra, siendo los principales señalamientos: pérdidas de actas, allanamientos ilegales a residencias, amenazas, acoso, ilegalidades en trámites de procesos, falta de objetividad, participar en una manifestación contra diputados del Congreso, entre otros.
Los errores de la FECI
La principal crítica contra la FECI fue la utilización de testigos o colaboradores eficaces, de los que se les señala como no idóneos. Algunos de ellos, Juan Carlos Monzón y Salvador González, alias “Eco”, quienes fueron parte fundamental de la estructura que vinculó a Baldetti y Pérez Molina y que ahora gozan de su libertad.
Entre los casos más llamativos está el de los hermanos Valdés Paiz, quienes fueron señalados por la FECI de haber contratado a los autores materiales del asesinato de Rodrigo Rosenberg, en 2009. La acusación se sustentó en la declaración de Luis Paz Mejía, quien terminó declarando que mintió en su testimonio.
Otro caso que llamó la atención fue el de Pavel Centeno, exministro de Finanzas que perdió la vida durante un allanamiento en 2016. Centeno no estaba incluido en la lista de órdenes de captura ejecutadas por un caso de lavado de dinero en el Banco de Los Trabajadores.
El exministro vivía en una casa que le rentaba a Ronald García, gerente de dicho banco y quien sí se encontraba en la lista de aprehensiones. Según el MP, en aquella ocasión, Centeno pensó que la orden de captura era para él, por lo que en su confusión disparó contra agentes y fiscales y por último se quitó la vida.
La FECI también fue denunciada debido a que en septiembre de 2017 se reunieron en Brasil con personeros de la empresa Odebrecht, sindicados de graves casos de corrupción. Derivado de dicha reunión, resultó un acuerdo donde se negoció la reducción del monto de la estafa de esa empresa al Estado de Guatemala, acordando la suma de US$19 millones.
El monto del fraude había sido por US$384 millones que Odebrecht estafó a Guatemala por una carretera que nunca construyó.
Uno de los escándalos por los que fueron más criticados fue el de finales de 2018, cuando circularon audios y videos en las redes sociales. En ellos se escuchaban conversaciones de fiscales de la FECI y la CICIG con privados de libertad, relacionados con el caso contra Carlos Vielmann, donde aparentemente se negociaban algunos beneficios.
En las grabaciones se podía escuchar a los fiscales Norman Sagastume Gutiérrez, Marlon Roberto Vásquez Sánchez y al reo Marco Tulio López y López, integrante de la banda de secuestradores “Los Pasaco”.
El caso “Vielmann” ha creado polémica, debido a la utilización de testigos no idóneos y a diversas denuncias públicas de Carlos Vielmann, donde señala que este es un proceso ilegal, ya que él tuvo una condena en España por los mismos señalamientos.
La última de las grandes críticas a la Fiscalía se dio a principios de febrero de 2019, cuando presentaron el antejuicio contra Sandra Torres, por Financiamiento Electoral Ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). El MP y la FECI fueron señalados de esperar un día después de que Torres fuera oficialmente inscrita como candidata presidencial y tuviera inmunidad.
El adiós
Con la pérdida de vigencia, la FECI dejará de funcionar; por ello, la fiscal general, Consuelo Porras, anunció que se trabaja en la creación de una nueva fiscalía de sección contra la impunidad, la cual tendría la misma competencia y podría continuar con el trabajo realizado por la referida entidad.
Para ello, Consuelo Porras informó que se está fortaleciendo a un equipo de investigadores y analistas criminales y financieros. Además, se están dando capacitaciones a investigadores guatemaltecos que trabajan con la CICIG.
A pesar de que habrá una nueva fiscalía, que aparentemente realizará un trabajo similar, los cambios en el personal del MP serán evidentes. Juan Francisco Sandoval y unas 30 personas más que trabajaron en la FECI, tendrán algunos inconvenientes internos en dicha dependencia.
El MP hizo pública una convocatoria interna para que los trabajadores de la institución se postulen a puestos de coordinador nacional, fiscal regional, fiscal de distrito, fiscal de distrito adjunto, fiscal de sección, fiscal de sección adjunto, agente fiscal, auxiliar fiscal 2 y auxiliar fiscal 1.
Sandoval y alrededor del 90 por ciento de sus compañeros no podrán optar a estos puestos o a cargos mayores del que tienen actualmente. La razón: entre las nuevas condiciones para aplicar está el tener carencia de sanciones disciplinarias y no contar con denuncias en estado de investigación.
Dichos trabajadores de la FECI cuentan con denuncias interpuestas a lo largo del tiempo que funcionó. Solo Sandoval acumula más de 20 señalamientos en su contra por casos mencionados anteriormente, por lo que este será un final amargo para los miembros de la referida Fiscalía.
