La llegada de la vacuna contra el COVID-19 ha iniciado grandes campañas de inmunización en todo el mundo. Sin embargo, algunos se resisten a recibir una dosis para protegerse del coronavirus y estancan el proceso.
Debido a esta situación, algunos gobiernos han impulsado a su población a recibir la inoculación con normativas obligatorias para poder asistir al trabajo o un cobro de seguro si no se cuenta con la vacuna. En Estados Unidos, todos los empleados públicos deben contar con el esquema completo de vacunación para poder asistir a su puesto de trabajo.
Italia, territorio que se convirtió en uno de los epicentros de la pandemia durante 2020, ahora exige que todo empleado y trabajador cuente con las vacunas del COVID-19. Sin importar si el puesto de trabajo sea del sector público o privado, la medida cobrará vigencia el próximo 15 de octubre según el Consejo de Ministros de este país europeo.
Se trata de un pase verde o certificado de vacunación en formato digital o físico que demuestra que una persona cuenta con el esquema completo de vacunación contra el coronavirus. Italia es el primer país en toda Europa y tercera en el mundo en establecer una norma de esta magnitud.
Según las autoridades italianas, incluso los trabajadores autónomos deberán contar con el pase verde antes de poder continuar con sus labores. Solo se exceptúan de esta normativa a trabajadores autónomos que logren realizar sus funciones desde su hogar.
Además, la nueva reglamentación obliga a aquellos empleados que solo cuentan con una o ninguna dosis de la vacuna, presentar una prueba PCR negativa de COVID-19 hecha con 72 horas antes de comenzar sus labores. También se puede presentar una constancia de haber superado la enfermedad en los últimos tres meses.
Las personas que incumplan con estos requisitos corren el riesgo de sufrir suspensiones de empleo o sueldo. Según el Consejo de Ministros, no pueden ser despedidos, pero sí apartados de sus funciones. Además, aquellos que trabajen sin el pase verde pueden ser sancionados con multas de 600 a 1 mil 500 euros. Los empleadores que permitan que sus colaboradores sigan trabajando sin los certificados recibirán castigos de 400 a 1 mil euros.
Actualmente, una prueba PCR de COVID-19 cuesta alrededor de 20 euros dentro de territorio italiano. Según las autoridades, el precio de estas pruebas bajarán para aquellos que no puedan vacunarse inmediatamente.
Hasta la fecha, el 67% de la población ha sido vacunada completamente contra el coronavirus. Sin embargo, la variante Delta ha generado complicaciones en el sistema de salud con un repunte de casos.
Italia ha registrado más de 4 millones 649 mil pacientes de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Hasta 130 mil 551 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad.