El anuncio de una investigación, por denuncias en contra de Juan Francisco Sandoval, ha desatado la furia de sus simpatizantes, quienes aseguran que se trata de ataques en contra de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI). El pasado 7 de octubre, la Fiscal General, Consuelo Porras, anunció que se les había dado trámite a tres denuncias por las actuaciones de Sandoval y estas serían investigadas. Las voces de apoyo a Sandoval no se hicieron esperar y desde Estados Unidos, varios congresistas llamaron la atención de Porras.
En los Estados Unidos, la práctica de investigar a los encargados de hacer cumplir la ley y llevar a cabo las pesquisas es común. Mantener un ojo crítico sobre las actuaciones de los fiscales y su conducta son una parte fundamental de la democracia en ese país. Sin embargo, cuando esta práctica se lleva a otras latitudes, como Guatemala, eso pareciera olvidárseles.
Uno de los que expresó su desacuerdo con la investigación en contra de Sandoval fue el presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Eliot Engel. El demócrata Engel aseguró que es “absurdo” perseguir a los integrantes de la FECI. Sin embargo, en su propio país investigar a fiscales es una práctica común.
En días recientes se conoció el caso del Fiscal General de Texas, Ken Paxton. De acuerdo con oficiales federales, Paxton habría contratado a un abogado sin experiencia para una investigación en contra de uno de los donantes del fiscal. Según lo publicado, Paxton habría contratado al abogado particular Brandon Cammack, con un salario de US$300 la hora para la tarea de investigar a su financista.
En total, la oficina de Paxton pagó US$64 mil al abogado sin experiencia para llevar el caso. A decir de Tim Johnson, exfiscal del distrito sur de Texas, “se hubiese esperado contratar a una persona con más experiencia por lo serio de los señalamientos, deberían haber contratado a alguien con mucha más experiencia, pero esto no sucedió”, argumenta. Hoy, la investigación ha sido cerrada y los colaboradores de Paxton aseguran que este usó la oficina para beneficiar los intereses de su financista.
Otro caso es el del Fiscal General de los Estados Unidos, William Barr, a quien los miembros del partido demócrata señalan de trabajar específicamente para el presidente Donald Trump. Los opositores políticos de Trump aseguran que el FBI ha fallado en investigar a Barr por los señalamientos en contra del presidente en el caso de la supuesta interferencia de Rusia en las elecciones de los Estados Unidos, que dieron como ganador a Trump. Los demócratas expresaron su frustración y desacuerdo con la labor de Barr al frente de la oficina del Fiscal General.
De acuerdo con el abogado José Toledo, investigar a funcionarios públicos es una práctica común. A decir de Toledo investigar las denuncias en contra de Sandoval no es ninguna violación o amenaza contra su persona. “Nadie tiene privilegios ante la ley, y Sandoval puede y debe ser investigado como cualquier fiscal”, afirma.
“De todas las denuncias en su contra, la probabilidad que el 60 por ciento sean desestimadas es muy alta, pues han sido presentadas por personas que son investigadas por el propio Sandoval”.
José Toledo
A decir de Toledo, Sandoval tiene una gran ventaja, pues goza de la presunción de inocencia, por lo que con una investigación no se le está violando ningún derecho y “él tiene la garantía de un debido proceso”. Toledo, asegura que Sandoval no está solo en este tipo de investigaciones, pues hay una gran cantidad de fiscales que son investigados en todo el país. Remarca también que es importante tener claro que se está investigando a una persona, no a la entidad de la FECI que no tiene personería jurídica.
Para Raúl Falla, quien ha denunciado a Sandoval, lo que se busca es que se hagan transparentes las actuaciones de los funcionarios públicos. “Nadie es superior a la ley”, sostiene y en el caso del fiscal Sandoval la investigación deberá dar como resultado si su conducta fue apegada al derecho o no.
“Igual que en Estados Unidos, nosotros estamos haciendo el ejercicio de fiscalizar a funcionarios y eso no es ningún ataque”, Raúl Falla.
A falla le llama la atención la reacción que el anuncio de Porras ha tenido. Según el abogado es parte de un proceso que se contempla en la Constitución y no como lo quieren hacer ver. “Dejemos que las instituciones hagan su trabajo, pero no tratemos de confundir a la población con que los procesos administrativos son malos”.
Durante la investigación en contra de Sandoval, tanto sus detractores como sus simpatizantes (dentro y fuera de Guatemala) se ven enfrentados. Los agraviados buscan castigarlo y sus adeptos le defienden ciegamente, pero lo que debe prevalecer es la justicia.