Nuevas modalidades de usurpación a la propiedad privada en Guatemala caso Duwest y empresa asociadas
Redacción
La Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada, ACDEPRO, en el 2020, denunció que más de 1,500 fincas, terrenos y casas estaban invadidos en el país. Remarcó un incremento de usurpaciones en ese año, así como las excusas por parte de los funcionarios para hacer efectivos los desalojos.
ACDEPRO realizó varias conferencias de prensa y dio a conocer, específicamente, la usurpación de 123 fincas, terrenos y propiedades. Únicamente DOS fueron desalojadas en dicho año, es decir un 1.61% de efectividad de las instituciones del Estado encargadas de hacer justicia y brindar protección a la propiedad privada.
La inoperancia de las instituciones del Estado, por la falta de recursos, en el tema de propiedad privada repercute en todos los guatemaltecos, genera incertidumbre en la inversión nacional y extranjera, desempleo, y evidencia la impunidad para los grupos delincuenciales.
La usurpación de propiedades es parte del crimen organizado amparado por asociaciones nacionales e internacionales que brindan financiamiento. Los grupos delincuenciales tienen la complacencia de algunos funcionarios del Ministerio Público, Procuraduría de Derechos Humanos, Jueces, Policía Nacional Civil y del Ministerio de Gobernación, entre otros.
Estas asociaciones, maliciosamente, manejan la opinión pública para generar una idea de confrontación social inexistente en el país. La desinformación provocada por los usurpadores y las asociaciones generó una especie de romanticismo en dichos actos delincuenciales, y una criminalización de los verdaderos dueños y propietarios que están debidamente amparados por las leyes guatemaltecas y por los registros de propiedad.
En la época actual ya quedó demostrado que las propiedades tienen dueños legítimos y que el Estado es inoperante en su protección.
Nueva modalidad en el 2021
ACDEPRO, desde el 2020, denunció que se registrarían usurpaciones en industrias, casas y empresas durante el 2021. El 11 de enero pasado más de 300 personas, en su mayoría mujeres y niños, utilizados inescrupulosamente y cobardemente como escudo, ingresaron violentamente a las instalaciones de Duwest y sus empresas afiliadas, Westrade S.A. y Especialidades Industriales S.A., ubicadas en Tecún Umán, Ayutla, San Marcos.
Los usurpadores colocaron cintas para cercar el territorio invadido, talaron y destruyeron bosques registrados por el Instituto Nacional de Bosques, INAB, agrediendo a los trabajadores de la empresa. Iniciaron incendios e impedía su control, lo cual podía causar daños materiales y humanos con consecuencias impensables, por ser un área industrial, existen empresas que almacenan grandes depósitos materiales inflamables, con sus respectivos protocolos de seguridad internacionales. Son actos que pueden catalogarse de terroristas que ponen en riesgo el municipio.
Durante el transcurso de esta invasión, las mujeres y niños se acompañaron por hombres quienes talaron árboles para leña y construcciones, lo que alteró el ambiente y dañó el ecosistema de animales silvestres.
Los usurpadores construyen casas improvisadas (lámina, plástico y madera) e incurren en diversos delitos penales, según las leyes guatemaltecas. Para resolver el problema y ante la solicitud de los delincuentes, quienes exigían se les presentaran los títulos de propiedad de los terrenos invadidos, representantes de Duwest los llevaron, al final no les importó, pues a toda luz son grupos delincuenciales que buscan desestabilizar al Estado de Guatemala.
La empresa interpuso denuncias ante el Ministerio Público, Policía Nacional Civil y ha tenido acercamientos con el juez, pero nuevamente no se agiliza el desalojo, pese a ser un delito flagrante, pues en el país existe una serie de trámites engorrosos para recuperar lo propio.
El 19 de enero la comitiva integrada por la Fiscal Auxiliar del Ministerio Publico del Municipio de Ayutla, San Marcos; agentes de la Policía Nacional Civil; miembros de la Procuraduría General de la Nación y representantes de las empresas afectadas, fueron agredidos por parte de los usurpadores al ingresar al parque industrial, con piedras, palos, insultos y amenazas, quebrando vidrios de los vehículos, provocando que huyeran del lugar.
Ello demuestra que las tomas no son pacíficas sino organizadas por gente violenta que quema, tala árboles y roba en la propiedad privada, que no respeta la ley y actúa con fines ocultos. No habiendo respuestas contundentes y prontas de las instituciones del Estado guatemalteco.
ACDEPRO ve con preocupación los ataques contra el sector industrial
- La inversión nacional y extranjera en zonas industriales se ve afectada, daña el empleo de trabajadores honrados y paraliza el desarrollo de las áreas.
- La zona de San Marcos es industrial, maneja productos inflamables, ante los incendios provocados pone en riesgo toda el área, es así como los usurpadores comenten actos “terroristas”.
- La mayoría de estas industrias tienen más de 50 años de estar asentadas en esta zona fronteriza y cuentan con toda la papelería de posesión y registros de propiedad en orden.
- Estos grupos cobardemente usan a mujeres y niños como banderas para las tomas violentas, agreden a los funcionarios públicos y a los dueños, ante la inefectiva acción de las autoridades que violan la Constitución de la República que demanda que el Estado debe proteger la propiedad privada.
- Los usurpadores ganan terreno y poder por la inoperancia de las instituciones del Estado, ya que el Ministerio Público, Policía Nacional Civil, Juzgados y organismos como la Procuraduría de Derechos Humanos, no tienen en su agenda proteger el derecho humano de la propiedad privada.
- ACDEPRO observa que esta problemática de usurpación a la propiedad privada está mutando, debido a que muchas organizaciones que supuestamente querían tierras para las comunidades, ahora están evidenciando sus nexos con el crimen organizado, poniendo a Guatemala en un proceso y riesgo de convertirse en un Estado fallido, como en el caso de la toma de industrias.
- ACDEPRO exige al Gobierno de Guatemala, representado por el presidente Alejandro Giammattei, al Organismo Judicial y jueces, al Ministerio Público, a la Procuraduría de Derechos Humanos hacer cumplir la ley guatemalteca y respetar la propiedad privada, porque está demostrado que no son problemas de tierras ancestrales, sino grupos delincuenciales organizados.