El 16 de abril, Lucy de Molina, Educadora Especial e impulsadora de la Ley del Autismo en Guatemala, recibió una carta de parte del condominio la Fontana, donde vive, pidiéndole retirar de su hogar las actividades que realiza con niños autistas. Lucy levantó una denuncia por discriminación, y el 26 de abril la PDH solicitó la presencia de los miembros de la Junta Directiva del condominio para esclarecer lo sucedido, pero ellos no se presentaron. Las autoridades volvieron a realizar otra citación este 21 de mayo, donde ambas partes llegaron al lugar, en busca de solventar el problema encontrándose con un lamentable desencuentro.
“Tengo miedo” son las palabras que expresa Lucy de Molina, luego de que hoy se llevara a cabo la citación en la que se discutió sobre el futuro de los niños con autismo, dentro del condominio la Fontana.
“Los miembros de la Junta Directiva me responsabilizan de los supuestos ataques o lo que les pueda suceder a ellos”, dijo Lucy.
Casi cinco horas duró la supuesta “reconciliación” que la PDH buscaba entre ambas partes. Lo único que Lucy escuchaba en la audiencia, eran las acusaciones hacia ella sin poder defenderse, porque cada vez que intentaba hablar, la abogada de la Junta Directiva le refutaba cada palabra.
“Me sentía intimidada por los abogados que llevó la Junta Directiva y las miradas de cada miembro durante la citación”, expresó Lucy.
Las pruebas de los ataques y las muestras de discriminación que han sido víctimas los niños con autismo en el condomino la Fontana, se evidenciaron más luego de que la Junta Directiva mencionara que las cámaras “no funcionaban” el día que dejaron afuera de la casa de Lucy un enjambre de abejas.
“Decían que no había evidencia del enjambre de abejas que colocaron en mi casa, pero sí pruebas de ‘supuestos disparos’ que había hecho. Creo que es algo tonto lo que están planteando y acusándome de algo que no es cierto”, dijo.
Es claro que la Junta Directiva está dando golpes de ahogado, obligando a Lucy a callarse, negándole el derecho de libertad de expresión para comunicar sobre lo que está siendo víctima. En el supuesto acuerdo, en el que obligan a Lucy a irse, le dan un tiempo de diez meses, en el cual no puede disfrutar de las instalaciones del condominio, ni tampoco comunicar sobre el proceso del caso a los medios de comunicación.
“Estando en mi casa me senté a leer el acuerdo y me di cuenta que me han vetado mi libertad de expresión. No puedo atender a prensa ni compartir en redes sociales, estoy indignada porque en la PDH no se dieron cuenta que me estaban quitando el derecho de libertad de expresión los de la Junta Directiva”, mencionó.
Sin embargo, los niños son los que resultan gravemente afectados. Los padres no quieren llevar a sus hijos al condominio por el temor a que sean víctimas de otro ataque. Esto provocaría retrasos en los avances de las terapias, teniendo un retroceso en el desarrollo de cada uno.
La indignación de las personas que han seguido el caso de cerca, se hacen cada vez más evidente. Padres de familia, instituciones, diputados y demás, se encuentran en desacuerdo sobre las actitudes de los miembros de la Junta Directiva.
“Hablé con un asesor de un diputado y me dice que lo realizado es anticonstitucional. Me indican que tengo 48 horas para hacer un amparo y mañana lo hago público ante el Congreso de la República. A las diez de la mañana me presentaré donde me darán un espacio para denunciar lo que me están haciendo”, dijo Lucy
Ahora Lucy, debe seguir buscando un lugar donde se le permita vivir y continuar con esta noble labor. Aunque no dejará de luchar hasta hacer justicia, sobre lo que se está cometiendo contra los niños con autismo.