La Municipalidad de Fray Bartolomé de las Casas, en Alta Verapaz pidió a 9 empresas y al RENAP cerrar operaciones para evitar la propagación de coronavirus en el municipio. De acuerdo con el oficio 02-2020, emitido por el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), el cierre entraría en efecto desde hoy hasta el 29 de julio.
En el oficio, Arnoldo Federico Fontana Hércules, en su calidad de alcalde de la localidad y presidente de COE, cita el acta 30-2020, en la cual se dispuso el cierre de las empresas y RENAP. “Derivado de las nuevas disposiciones acordadas por el COE, bajo el punto tercero; solicito que la entidad que usted representa sea cerrada a partir del día miércoles 22 de julio al 29 de julio del año en curso”.
Sin embargo, y luego de gestiones por entidades gremiales y cámaras empresariales, la disposición del alcalde fue anulada y la prohibición concluyó horas después de ser emitida. “Hicimos una gestión con la Secretaría de Asuntos Municipales. Ya se corrigió”, aseguró Carla Caballeros, de la Cámara del Agro. Por su parte, Cristian Paz, encargado de información de CONRED Municipal, de Fray Bartolomé de las Casas, lo que se había dispuesto fue una medida preventiva de cierre para detener los contagios.
Para Caballeros, esta fallida disposición se viene a sumar a las más de 100 acciones inconstitucionales y de abuso de autoridad, que municipalidades y consejos municipales han tratado de adoptar en todo el país. “Medidas ilegales que van desde cobros al transporte y paso de carga, hasta cierre de municipios o empresas. En estos meses lo han hecho argumentando la pandemia de COVID-19”.
Pero, este tipo de arbitrariedades y actos que riñen en contra de la Constitución no son nada nuevos, asegura Caballeros. “En los últimos años un sinnúmero de acciones de inconstitucionalidad ante la CC se han presentado en contra de estas medidas ilegales. En todos los casos, sin excepción la CC ha resuelto a favor otorgando la suspensión provisional y definitiva en donde se conmina a los alcaldes a respetar la Ley y la Constitución”, sostuvo Caballeros.
A decir de Cristian Paz, lo que se había tomado como medida de prevención, fue cancelada la misma noche del martes. “Todo seguirá normalmente pues el municipio continuará aplicando las medidas que estaban vigentes antes del comunicado”, afirmó. Y entre estas medidas destacan:
Caballeros aseguró que, ante el evidente abuso, que presenta la orden del alcalde, la Corte de Constitucionalidad y la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) podrían capacitar a los alcaldes para que esto no se repita. Además, el MP podría actuar de oficio ante una práctica ilegal que se comete frecuentemente y que podría estarse cometiendo delitos.