A los 28 años, Eduardo Ortiz, originario de San José Pinula, decidió migrar a México legalmente en busca de un empleo.
“Un amigo me contactó con una persona que me ofreció trabajo en una finca en Chiapas. Con la necesidad que teníamos en mi familia, decidí aceptar”, contó.
Migrar ilegalmente con un coyote no era opción para Eduardo, quien desde pequeño mencionó que le enseñaron a “hacer las cosas bien”.
Ya había terminado la universidad, pero tenía un año sin encontrar trabajo. “Aun no entiendo por qué me costó tanto encontrar trabajo en Guatemala”, agregó.
La oferta consistía en trabajar como administrador de una finca en Chiapas. El salario era atractivo: Q10 mil mensuales, ya en la moneda nacional.
Con visa y pasaporte actualizados, Eduardo emprendió el viaje hacia la frontera entre México y Guatemala, donde logró pasar sin problema.
“Todo iba bien, hasta que llegué al lugar. Al principio todo parecía normal, hasta que el que supuestamente me iba a contratar me pidió mis documentos”, relató.
Sin su documento personal de identificación (DPI), pasaporte y visa, Eduardo terminó manejando tractores y maquinaria en la finca donde se suponía que sería el administrador del personal.
El sueldo tampoco era el que había pactado. Ganaba Q3 mil mensuales, a pesar de tener un título universitario. “Mi error fue haber aceptado sin un contrato firmado; fui un tonto”, afirmó.
Después de seis meses intentando recuperar sus documentos, Eduardo logró regresar a Guatemala con mucho miedo. De vuelta en su pueblo, comenzó a buscar trabajo de nuevo.
“Un restaurante me contrató y ahora soy el encargado de recursos humanos. Yo salí de ese infierno, pero hay miles de personas como yo que continúan esclavizados y engañados como yo lo estuve”, manifestó.
Este tipo de contrataciones es bastante común en países como Guatemala, donde 4 millones 269 mil 80 personas dejan el país en busca de mejores oportunidades, según cifras de 2018 del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM).
“Desde el proceso de reclutamiento, las personas están expuestas a engaños, abusos, a que su oferta laboral no exista o a cobro por trámites. Hay mucha estafa en estos procesos. También hay empleadores que no respetan los requisitos establecidos por la ley”, dijo Ana María Méndez, coordinadora del proyecto Reframe, de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para Guatemala.
La migración laboral no necesariamente es ilegal. Muchos profesionales son contratados en países como México, Estados Unidos y Centroamérica. Sin embargo, esta puede ocurrir en todos las naciones del mundo.
En países como Guatemala, existen desafíos muy grandes para evitar estas situaciones y asegurar un reclutamiento equitativo y legal para quienes viajan en busca de un empleo.
- Débil gobernanza de la migración laboral, así como regulaciones insuficientes que no se cumplen.
- Acceso limitado a información sobre la contratación segura, las ofertas de empleo y los procedimientos administrativos.
- Malas prácticas de contratación, que incluyen costos excesivos, engaños, explotación a migrantes.
- Discriminación y desigualdad por raza, género y país de origen.
En 2015, 725 mil 401 personas en edad de trabajar llegaron a territorio mexicano. De ellas, tan solo el 20.7 por ciento llevaban documentos migratorios, según resultados de la EMIF Sur.
“Lo más importante es informar a la población sobre cómo garantizar las buenas prácticas de reclutamiento para que sepan hacia dónde van y con qué condiciones van a laborar fuera del país”, refirió Méndez.
Iniciativas como el proyecto Reframe: Acción global para mejorar el marco de la contratación de los trabajadores migrantes, de la OIT, realizan un esfuerzo para reducir estos casos en todo el mundo, incluyendo el corredor Guatemala-México.
La OIT recomienda acudir a instituciones del gobierno, como el Ministerio de Trabajo, para asegurarse de que el migrante tenga un empleo digno, real y beneficie tanto al país receptor como al país de origen.
Fotos: OIT, Listin Diario.