El 5 de marzo, el presidente Alejandro Giammattei declaró estado de calamidad en Guatemala, como parte de las medidas de prevención ante la pandemia del COVID-19, que se extendía por varios países del mundo.
El primer caso de coronavirus en el país se registró el 13 de marzo, desde ese momento las medidas empezaron a “endurecerse” para contener el brote. Cierre de fronteras, toque de queda, paralización del transporte público, entre otras, fueron las acciones que el gobierno tomó para que el estado de calamidad se extendiera cuatro veces más. Después de tres meses los casos no han cesado.
Actualmente, se registran más de 12 mil guatemaltecos contagiados con COVID-19, según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). Sin embargo, el director de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia COVID-19 (Coprecovid), Edwin Asturias, menciona que las cifras no muestran el dato real de los casos, que es diez veces más de lo que registran.
Las manifestaciones que se han realizado en el país para poner fin al estado de calamidad hacen reflexionar si realmente estará funcionando esta medida. El diputado de la Comisión de Economía del Congreso, Enrique Montano, ha criticado fuertemente los resultados que se han obtenido con el estado de calamidad con relación a aplanar la curva de contagios del virus.
“Hay que empezar a pensar en NO prorrogar el estado de calamidad. No ha servido. No se logró aplanar la curva, personal médico sin salario, mala ejecución, decisiones erráticas, no existe un plan de acción bien definido. Hay una sensación en la cual no hay rumbo ni dirección”, escribió Montano en su cuenta de Twitter.
Montano mencionó que el último reporte presentado en el Congreso por parte del gobierno, muestra que la red hospitalaria del país solo cuenta con 322 camas de Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) para atender pacientes con COVID-19, eso sí, se debe tomar en cuenta que cada cama UCI requiere de personal especializado. “No solo son camas en una UCI, también requiere de personal preparado, el cual está escaso por el porcentaje de infectados actuales”, indicó.
“Nuestro sistema de salud es lo peor que hay en Latinoamérica, esto no es culpa de este gobierno, esto lo venimos arrastrando y esta pandemia nos dejó al descubierto lo mal que están los hospitales, lo mal pagado que están los doctores, enfermeras y la poca preparación que tenemos. Son 323 camas para 17 millones de personas”, dijo Montano.
El presupuesto de alrededor de más de Q100 millones asignados para atender la emergencia sanitaria, solo un 6 por ciento se ha utilizado. Según Montano las pruebas para detectar casos de COVID-19 deberían alcanzar para realizar 5 mil pruebas diarias, en comparación a las mil 500 pruebas que hacen actualmente.
“El secreto de los países exitosos para disminuir o prevenir el contagio del coronavirus fueron las pruebas masivas y reales. El Congreso le dio al gobierno Q100 millones desde el primer mes del estado de calamidad. Empezaron a realizar 300 pruebas diarias y hasta la fecha se están haciendo apenas 1,500 pruebas diarias, y de esas más de la mitad han sido donadas por la iniciativa privada. El gobierno empezó bien, cerró a tiempo, entendemos que es un problema mundial y que todos los países han estado sufriendo por esto, pero Guatemala perdió la oportunidad de oro para la contención”, explicó Montano.
Otros de los errores que se le critica al gobierno de Guatemala es haber cerrado sin avisar hace un mes los fines de semana, lo que ha provocado una inflación en la canasta básica, asimismo, se puso en riesgo la economía informal, que es el 70 por ciento de la economía que sostiene al país en este momento. “El que tiene su picopito en la terminal y va a repartir verduras y solo tiene su picopito al no salir un día de trabajo la venta se le cae un 50 por ciento. Esto es un ejemplo de lo que provoca inflación y prueba de ello es que el precio del frijol está al alza y no se ha podido bajar desde que inició la pandemia y esto es por estas medidas que se han tomado”, indicó Montano.
Las licitaciones alrededor de las compras para insumos médicos como las mascarillas N95, también se han vuelto polémicas durante el estado de calamidad. “Hemos visto licitaciones para comprar mascarillas que se cayeron porque el precio más bajo ganó, había sobreprecio con los otros competidores y ya no se pudieron hacer las compras adecuadas al principio del estado de calamidad. Por estas razones, para mi manera de verlo es que hay que repensar si se aprueba nuevamente el estado de calamidad”, mencionó Montano.
¿Qué se puede hacer al respecto?
Para Montano, la clave del éxito para contener la pandemia se encuentra en la planificación para poder construir hospitales y empezar a reabrir la economía de a poco. Es importante enfocarse ahora en adelante para mejorar y fortalecer el sistema de salud guatemalteco. “En Guatemala perdimos el tiempo que no se va a recuperar, comparándolo con la planificación que tuvo El Salvador durante el mismo tiempo que llevamos de la crisis. Basándome en los resultados obtenidos durante estos tres meses de estado de calamidad, para mí no funcionó y se perdió una oportunidad clara para contener el COVID-19 y mejorar la economía en el país”, explicó Montano.