Desde marzo, la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de la República, presentó una propuesta para reformar la Ley de Contrataciones del Estado. Y, la llegada del coronavirus a Guatemala alentó a los ponentes de la iniciativa 5703, para lograr su aprobación. Al esfuerzo de los alcaldes por lograr eliminar las restricciones y controles de sus gastos, propuesta por el diputado José Adolfo Quezada, del partido Prosperidad Ciudadana, se sumó el presidente Alejandro Giammattei. Tanto así, que el pasado agosto, el mismo Giammattei, instó a unos 340 alcaldes para que ejercieran presión en sus diputados y así lograr que las nuevas disposiciones sean aprobadas.
Pero, ¿cómo ayudarían a Giammattei estas reformas y qué contemplan?
“Para Giammattei lograr estas modificaciones lo congraciaría con los alcaldes y lograría ganar sus favores. Y los alcaldes, por otro lado, conseguirían que se les facilite el robo al fisco”, asegura un analista. En esto coincide también el diputado, Samuel Pérez, de la bancada Semilla, quien en meses pasados votó en contra del dictamen favorable para estas medidas en el Congreso. “Cuando llegó a la Comisión de Finanzas voté en contra de este dictamen, pues hace cambios injustificados”, afirma.
A decir de Quezada, uno de los beneficios de estas modificaciones sería hacer más cortos los plazos para la finalización de un concurso. “No habría que esperar hasta seis meses para poder adjudicar una obra”, dice. Pero detrás de estas medidas que buscan hacer más rápidas las contrataciones, hay intereses de alcaldes y funcionarios que lucran con la obra pública, sostiene otro legislador. A decir de Pérez, si bien es cierto que reduciría los tiempos, también hay que ser claros que facilitaría la corrupción, pues se están eliminando restricciones para evitar que se lucre con los bienes públicos.
“Podría ser más ágil, pero no se debe hacer, así como lo han propuesto, es necesario hacer una reforma integral, no esta propuesta que es más una cosa cosmética”.
Samuel Pérez
Dentro de las modificaciones que contempla la propuesta de Quezada, resaltan elevar la compra de baja cuantía de Q90 mil a Q100 mil, la compra directa de Q100 mil a Q200 mil, la cotización de Q200 mil a Q2 millones y la licitación que sea obligatoria a partir de montos que superen los Q2 millones. Y aunque parezcan simples modificaciones, sostiene el analista, cuando se habla de cientos de alcaldes y funcionarios públicos los montos de gasto sin supervisión son cifras multimillonarias.
A decir de Pérez, relajar los controles en el tema de gasto público sería terrible para el país. “Si habiendo controles vemos a funcionarios haciendo negocios, imagínese cuando no los tengan”, asegura. Un ejemplo reciente es el de la directora administrativa del Ministerio de Desarrollo Social, Johanna Marlen Soberanis y el propio Miguel Martínez, titular de la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno. Ambos son señalados por trabajadores del MIDES de efectuar despidos y contratar a familiares y amigos dentro de la institución. Peor aún, la propia Soberanis se ha demostrado que, en clara violación a la Ley de Contrataciones del Estado, es empleada pública y vende productos al gobierno por medio de una empresa donde su mamá figura como representante legal.
“Mire, si se aprueban estas reformas, van a hacer que el dinero de COVID sean centavos comparado con el robo que se viene”.
Analista económico
Aun así, Quezada ha defendido las reformas y ha dicho en repetidas oportunidades que actualmente hay una ley que data de 1982, y que de ser modificada podría traer beneficios positivos para las municipalidades. “Esta ley ha limitado en los últimos años la ejecución del presupuesto, más que todo en el ámbito municipalista”, asegura. Pero, estas modificaciones no serían exclusivas para los alcaldes, indica Pérez, pues si se cambia afectaría a todo el sector público y eso es aún peor.
Para la Fundación 2020, un centro de análisis para impulsar propuestas enfocadas al fortalecimiento del Estado, aunque las reformas propuestas busquen eliminar trabas y requisitos para adquisiciones, traerán un retroceso en el resguardo y la calidad del gasto público. “Retrocesos graves en materia de transparencia al punto que, de ser aprobadas las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado esta solamente será usada para las grandes licitaciones y el contrato abierto (compra de suministros e insumos)”. 2020 concluye que las reformas incluidas, no contribuyen a la transparencia ni a la rendición de cuentas. Peor aún podrían afectar de manera importante la calidad del gasto público.
“La iniciativa 5703, lejos de mejorar el marco vigente, conllevaría una dinámica en la que la compra directa sería la regla y no la excepción… esta reforma plantea la idea de eliminar los procesos de control, en lugar de enfocarse en capacitar a los funcionarios, que es donde radica el fondo del problema”.
Fundación 2020
Tanto para los diputados como para los analistas, estas reformas acompañadas de una Contraloría General de Cuentas que ha sido incapaz de auditar los fondos de COVID-19, son una muestra de lo que podemos esperar. “No han sido capaces de fiscalizar el gasto de esta pandemia, ahora imagínese qué va a pasar cuando les abran el presupuesto sin control”, sostienen.
Lo cierto del caso es que, un golpeado Alejandro Giammattei, quien antes de concluir su primer año de gobierno ha perdido la mayoría de su capital político, ahora busca congraciarse con los alcaldes para lograr que las cosas caminen a su favor. Eso sí, siempre y cuando “El Señor presidente” logre que se aprueben estas reformas para facilitar el saqueo del Estado.
Si quiere expresarle su opinión, sobre la iniciativa 5703, al diputado José Adolfo Quezada Valdéz, puede hacerlo a los siguientes contactos:
