Este miércoles 18 de noviembre entre la agenda de trabajo estará la iniciativa 5792, que busca la modificación al acceso a la información pública. Presentada y promovida por el diputado del partido Podemos, José Alejandro De León Maldonado, ha generado la preocupación entre la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y los medios de comunicación.
Parte de los cambios que la iniciativa generará será la creación de la Oficina Nacional de Acceso a la Información Pública (ONAIP) y encargada de velar por el cumplimiento de esta ley en las entidades estatales sin dependencia jurídica de otra institución. Sin embargo, la modificación también contempla que la PDH, que tiene la Secretaría de Acceso a la Información Pública (Secai), ya no sea el ente fiscalizador para el cumplimiento del acceso a la información.
La ONAIP estaría conformada por un director y subdirector designados por el Congreso de la República cada cuatro años. Para las elecciones de los encargados de la oficina, la Comisión de Transparencia y Probidad del Organismo Legislativo presentará hasta cinco candidatos para que el pleno los elija. Actualmente, De León Maldonado es el encargado. Según la iniciativa, se le designará hasta Q30 millones de presupuesto para su funcionamiento.
Proceso sorpresivo
La iniciativa 5792 fue hecha pública por De León el pasado 23 de junio y pasó por un proceso de revisión y evaluación por la Comisión de Transparencia y Probidad, donde funge como encargado. Está conformada por 12 diputados de las bancadas de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Semilla, Unión del Cambio Nacional (UCN), Vamos, Podemos y FCN-Nación.
Dentro de la votación de la comisión, solo el congresista Alberto Sánchez, de Semilla votó en contra, mientras que Julio Ixcamey, de la UNE, no firmó la propuesta.
Sin embargo, hasta inicios de noviembre que esta propuesta volvió a surgir entre las reuniones del Congreso. Luego, los jefes de bloque votaron a favor para que la discusión de la iniciativa de ley formara parte de la agenda de trabajo para las sesiones plenarias semanales, al cual se le designó como el punto “d” para la sesión de este miércoles 18 de noviembre.
Las reacciones
El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, afirmó en sus redes sociales que “el acceso a la Información Pública es un derecho”. La rendición de cuentas y la transparencia de la función pública comienza desde las autoridades mismas y debe ser un compromiso de Estado. Buscar debilitarlo sería un peligroso retroceso en pro de la corrupción.
Posteriormente, el embajador de Gran Bretaña en Guatemala, Nick Whittingham, también se manifestó a la situación de la propuesta de modificar la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de Twitter, donde escribió: “Estamos comprometidos con defender la libertad de prensa y el acceso a la información pública debe facilitarse y no restringirse. La libertad de prensa es un pilar de la democracia y la prosperidad. El trabajo de la PDH en este tema es sumamente valioso”.
El abogado Mario Fuentes Destarac comentó sobre la iniciativa 5792: “Lo lógico es que exista un ente con centralizado propio que se encargue de esta función. Lo ideal sería que esta entidad estaría presidida por una junta directiva ajena a los intereses políticos y económicos. Se ha pensado que podría estar conformado por las universidades del país, así como de las asociaciones de prensa. Sin embargo, el Congreso pretende que la rija un director que sea nombrado por el Congreso por una mayoría simple de los diputados (81 votos) y que también fácilmente sean destituidos”.
Fuentes argumentó que el proceso de esta iniciativa ha sido “sospechoso”. “Pueden empezar a hacer interpretaciones inadecuadas de la normativa. Los guatemaltecos tenemos derecho a conocer lo que hay en el sector público y desentrañar lo que hay en esta”, argumentó.
Renzo Rozal, analista político, afirmó: “No se ha llevado un proceso normal. El diputado encargado no es un experto en el tema de información. Nunca se ha caracterizado por ser alguien que vigile la aplicación de la ley. Casi de la nada incita estas reformas. No ha habido una discusión con la Secai, no se han llevado a cabo talleres o espacios de discusión con los responsables del acceso a la información en direcciones o secretarías y no hay consultas con los usuarios como los medios de comunicación o centros de investigación, entre otros”.
Rozal también recordó que no ha sido el único intento de aprobar una reforma a esta ley. “Ya ha habido otros intentos de hacer reformas. En esta ocasión, parece que el apetito es más fuerte. Incluso se habló de crear una instancia independiente de la PDH en ocasiones anteriores, parecido a la propuesta que se hace actualmente. Hay un gran peligro que se pueda aprobar”.
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