Por considerar que la recién aprobada “Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia”, Decreto 39-2022, atenta contra la libertad de expresión, promueve la censura y podría criminalizar las críticas, investigaciones o publicaciones de medios y ciudadanía en general, las asociaciones de prensa del país acordaron este jueves, solicitar el veto presidencial a dicha normativa.
La solicitud refrendada por la Asociación de Periodistas de Guatemala, Cámara Guatemalteca de Periodismo, Asociación de Cronistas Deportivos, Cámara de Locutores Profesionales de Guatemala, Cronistas Deportivos Guatemaltecos y Asociación de Mujeres Escritoras y Periodistas de Guatemala, es el reflejo del rechazo que se ha dado por diversos sectores a dicha ley, aprobada recientemente por el Congreso de la República.
En el análisis de esta instancia gremial, se hizo énfasis a que muchos de los artículos de la citada ley están en contradicción a lo que la Constitución, reza en su Artículo 35: Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.
A criterio de las entidades de prensa, éste decreto es casuístico, en perjuicio de la Ley de Emisión del Pensamiento, porque deja a criterio del juzgador sanciones a quienes critiquen a funcionarios. En consecuencia, subyace la coacción a los medios de comunicación, que permitan opiniones que afecten a quienes ejerzan poder en cargos públicos. Incluso es clara la amenaza velada de confiscar el patrimonio de los medios de comunicación o de privar de su libertad a las personas jurídicas que estén a cargo de cualquier medio de comunicación.
Tal y como se ha insistido al reafirmar que sin Libertad de Expresión no hay democracia, las asociaciones de periodistas manifiestan la vigencia y valor de lo expresado en la Declaración de Chapultepec, adoptada por La Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión celebrada en México, el 11 de marzo de 1994: “Sólo mediante la libre expresión y circulación de ideas, la búsqueda y difusión de información, la posibilidad de indagar y cuestionar, de exponer y reaccionar, de coincidir y discrepar, de dialogar y confrontar, de publicar y transmitir, es posible mantener una sociedad libre. Solo mediante la práctica de estos principios será posible garantizar a los ciudadanos y grupos su derecho a recibir información imparcial y oportuna. Solo mediante la discusión abierta y la información sin barreras será posible buscar respuestas a los grandes problemas colectivos, crear consensos, permitir que el desarrollo beneficie a todos los sectores, ejercer la justicia social y avanzar en el logro de la equidad. Por esto, rechazamos con vehemencia a quienes postulan que libertad y progreso, libertad y orden, libertad y estabilidad, libertad y justicia, libertad y gobernabilidad, son valores contrapuestos.