La conducta que un acusado tiene se debe a varios factores: económicos, familiares, psicológicos y/o sociales. Por ello, es importante la implementación de un tratamiento según el individuo, con el objetivo de que los presidios sean un lugar de cambio y reflexión, no solamente un espacio de castigo.
Proceso
Existe un procedimiento que se debe cumplir obligatoriamente al momento de ingresar a una persona en algún centro de detención. Las cuatro fases que lo conforman son:
Primero: diagnostican las condiciones de salud física y mental, niveles socioeconómicos y la situación jurídica del detenido. Esto es realizado por un equipo multidisciplinario.
El equipo multidisciplinario lo integran:
- Psicólogo
- Médico
- Abogado
- Trabajador social
- Representante del área productiva laboral
Segundo: elaboran un plan técnico especial para cada individuo, apoyado por los profesionales de la Subdirección de Rehabilitación Social y el equipo multidisciplinario.
En la tercera fase (prelibertad), el recluso debería afianzar su vinculación familiar y su relación con la sociedad.
Última fase, libertad controlada. En esta, el interno obtiene la libertad bajo la aprobación de un juez, con un dictamen favorable de la Subdirección de Rehabilitación y la aprobación de la Dirección General, para que pueda trabajar o estudiar fuera del centro penal. Para ello, al menos debe haber cumplido la mitad de la pena.
A pesar del objetivo que se quiere lograr, se calcula un problema actual dentro de su cumplimiento, lo que ocasiona que estas personas reincidan tiempo después al enfrentar de nuevo la libertad.
Un sistema sin cambio
Rudy Esquivel, vocero del Sistema Penitenciario (SP), nos comentó el problema más grande que se tiene en los presidios:
“La cantidad máxima de custodia que se debería de tener es para 6,809 personas; sin embargo, la cifra de personas privadas de libertad se ha incrementado a 24,727. De este total, hay 11,883 sentenciados y 12,844 preventivos. Claramente hay una sobrepoblación”.
Con esa demanda de prisioneros, el sistema se enfrenta al reto de cumplir con lo que el reglamento de la Ley del Régimen Penitenciario indica en el artículo 32. Adaptación social y reeducación. Dicho inciso tiene como objetivo: “Proponer las acciones orientadas a facilitar a las personas privadas de libertad estudio a distinto nivel, que permita un adecuado desarrollo de sus destrezas y habilidades para el trabajo, encaminadas a su readaptación social y reeducación”.
Asimismo, la Política Nacional de Reforma Penitenciaria 2014-2024 establece que los principales fines del SP deben orientarse a la reeducación penitenciaria. Pero el verdadero problema es que no solo la sobrepoblación es un “impedimento” para su cumplimiento, sino también la poca importancia que le brindan a este aspecto ha dificultado su efectiva aplicación.
Acudimos a una profesional de la psicología, Cristina Grazioso, quien resaltó la relevancia de un tratamiento psicológico en los reclusos:
“Deberían tener un plan terapéutico por lo menos dos veces a la semana, de una hora, con evaluaciones y planes de acción diarios que le permita al detenido tener una catarsis, un cierre de círculos de conflictos, reconciliación de traumas para lograr que el paciente adquiera empatía, respeto, criterio, pertenencia sana; y más importante aún, que se ame a él mismo y tenga un propósito y motivo para vivir sano”.
“Dentro del Sistema Penitenciario se cuenta con ciertos programas que buscan velar por el respeto a los derechos del recluso. A ello se suma el apoyo interinstitucional: Ministerio de Educación, Ministerio de Salud Pública, oenegés, entidades no lucrativas y personas individuales que fortalecen también a la rehabilitación social”, indicó el vocero.
“Nadie es excluido de los programas. Si ellos quieren participar, lo pueden hacer”, agregó Esquivel.
Sin embargo, estos programas son opcionales, no obligatorios, lo que complica el verdadero cambio de conducta en los privados de libertad.
En el área de atención psicológica había, hasta el año pasado, 16 psicólogos. Esto confirma que no existía siquiera personal suficiente para cumplir con el objetivo.
Reincidencias
Según datos del Organismo Judicial, en los últimos años ha existido un 59 por ciento de reincidencias en el país, lo que confirma la escasez en el tratamiento de rehabilitación.
“Lo que ocurre en estos casos es que no hubo tratamiento clínico ni un diálogo que lo ayudara a cambiar la perspectiva que tiene del mundo que lo rodea”, afirmó Grazioso.
Además del lado psicológico, también está el factor productivo. Los reclusos, al estar de nuevo en libertad, se enfrentan con la dificultad de encontrar empleo, debido a que no saben desarrollar alguna actividad que los ayude a poder vivir de buena manera. Este factor influye en que recaigan nuevamente en malas acciones.
Volvemos a la historia sin fin, aparte de que no existen programas por parte del Estado que incentiven la reinserción social de los privados de libertad.
“Se les deberían dar obligaciones y responsabilidades, con un alto control sobre ellos. Motivar a crecer intelectualmente, y proporcionarles capacitaciones de un oficio para que al salir sepan hacer algo que los ayude a ganar dinero de manera digna”, refirió la psicóloga.
Posibles soluciones
Lo que se ha realizado en otros países es incentivar a empresas privadas para que contraten a exreclusos y así evitar su reincidencia. Para poder concretar esto, de primero se debe crear continuidad en los sistemas de rehabilitación social dentro de los presidios, contratar mayor personal del área psicológica y establecer estos programas como obligatorios.
Al crear un ambiente distinto y fomentar en ellos una mejor actitud desde su privación de libertad, probablemente los resultados sean distintos. De lo contrario, la indiferencia será de nuevo el motivo que impida un avance en el tema.
Fotos: El País, El Político.