Una de las mayores dudas en esta crisis creada por la pandemia es cómo se están manejando los recursos del Estado hasta la fecha. Un tema ha generado polémica en los últimos días, que es la poca ejecución del presupuesto asignado para el presente año y sus ampliaciones.
El Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental (SICOIN) refleja una poca ejecución del presupuesto asignado en distintas carteras del Ejecutivo.
Hay que recordar que el reporte de ejecución del Estado es por cuatrimestre, en una lógica simple, las distintas entidades deberían estar ejecutando aproximadamente una tercera parte del presupuesto. Sin embargo, se debe considerar la ampliación que hubo debido a la emergencia y las otras medidas tomadas para su contención.
Según algunos expertos en el tema, la principal razón de la falta de ejecución en las instituciones del Ejecutivo es por pura burocracia. El abogado José Toledo comentó que hay que darle un punto a favor al Gobierno debido al tipo de emergencia actual, de la cual no se tiene experiencia de cómo manejarse.
Explicó que como punto en contra es que este Gobierno es de un partido que nunca había gobernado y que tienen funcionarios nuevos en el tema de manejos de recursos públicos. Agregó que existen muchas trabas en la Ley de Contrataciones al poner una gran cantidad de requisitos para realizar los gastos.
El exministro de Salud, Mariano Rayo, expresó que desde algunos años distintos partidos políticos en el Congreso han impulsado una agenda de cambios a distintas leyes que han beneficiado al control y trabas burocráticas por encima de la facilitación del gasto público, lo que ha hecho más difícil la contratación en el Estado.
“A ello hay que sumarle que otras instituciones en su ámbito de competencia, de igual manera han introducido normas que dificultan adicionalmente al gasto público. Ahí me refiero a entidades como ONSEC, SAT, Finanzas y otras que han dificultado mayormente”, mencionó el exministro.
Mariano Rayo concuerda con José Toledo en la inestabilidad laboral que ha dificultado el gasto, debido a que hubo contrataciones de personas nuevas y desplazaron a otras con experiencia al ingreso del nuevo Gobierno, por lo que la ineptitud e inexperiencia son factores.
Relato intentó comunicarse con el Ministro de Finanzas para saber los motivos que no han permitido una mejor ejecución del presupuesto, sin embargo no se obtuvo respuesta.
Rayo señaló que desde hace varios años se ha venido hablando de un nuevo sistema de adquisiciones. Agregó que esto resolvería los problemas de ejecución implementándose de una manera gradual, además de mejorar las capacidades del personal encargado de ejecutar en las distintas entidades.
quieren parte del pastel
Otro tema que hay que tomar en cuenta en los problemas presupuestarios es el de las personas que se quieren aprovechar de situaciones como la actual. En los últimos gobiernos los sindicatos de varias entidades han representado un problema financiero, en los que sus pactos colectivos representan gastos importantes no contemplados.
Mariano Rayo indicó que un problema con los sindicatos es por las disposiciones de recursos suficientes, de las cuales se sigue discutiendo. José Toledo resaltó que según su concepción los sindicalistas buscan proteger a los empleados de los abusos y darles un ingreso digno por el trabajo que realizan.
Sin embargo, hay que entender que los distintos pactos colectivos en las entidades del Estado son en ocasiones riesgosos y más cuando hay aumentos en los presupuestos.
El pacto colectivo firmado entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) en 2019, comprometió en aquella ocasión Q956 millones de su presupuesto, un equivalente al 5 por ciento total de la cartera.
Además, algunos sindicatos tienen otros beneficios como la inmovilidad de empleados, bonos (navideños, escolares, de vacaciones, de Semana Santa, por responsabilidad, por antigüedad, etc.). Junto a ello hay pagos de oficinas, equipo, viáticos y en casos hasta por asesorías legales, lo que representan millones de quetzales.
El pacto colectivo del Ministerio de Salud establece cuotas diarias a funcionarios que salgan de las oficinas, adicionales a su salario hasta por 30 días. En el caso del MIDES, en años anteriores se han incrementado los períodos de vacaciones y maternidad y ausencias justificadas.
Actualmente, el sindicato de empleados del San Juan de Dios está exigiendo al presidente Alejandro Giammattei un bono de riesgo para todos los trabajadores de Salud Pública. Además, están solicitando insumos como guantes, mascarillas, botas, etc.
Ante dicha situación, el abogado Toledo indicó que está en contra de los bonos que piden en el sector público en general. Pero, reconoce que el caso del Ministerio de Salud es especial y que requiere de atención, aunque resaltó que debería ser solo para el personal que está en el “campo de batalla”, que cura.
“Si la solicitud de bono es específica para doctores, enfermeras o para las personas que tienen que trabajar 10, 12, 15 horas al día, para ellos sí se justifica un bono, pero tiene que ser analizado, técnicamente estudiado y aprobado con esas restricciones”, dijo Toledo.
Un ejemplo claro de falta de ejecución
Entre las entidades que más preocupa por su falta de ejecución está el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) principalmente en los renglones destinados a la crisis sanitaria en la que se encuentra el país y que deberían estar destinados a la adquisición de suministros para los que atienden la pandemia.
Para principios de abril el MSPAS llevaba ejecutado un 18.3 por ciento, según dio a conocer el ente rector en el Congreso de la República. A pesar de ello, los renglones asignados a la atención por desastres naturales y calamidades que tenía un techo de Q576 millones, no evidenciaba ejecución alguna.
Salud cuenta con Q9.5 millardos, incluida su ampliación. Solo se ha ejecutado un 11.43 por ciento para principios de mayo.
El reporte dinámico de ejecución presupuestaria, generado en el SICOIN al 15 de mayo y evidenciado por la diputada Andrea Villagrán, reflejaba que los hospitales temporales y el de Villa Nueva, destinados para atender a los enfermos de coronavirus cuentan con Q717.87 millones de los que se ejecutaron Q12.6 millones.
Villagrán indicó que es preocupante la falta de ejecución en la cartera de Salud. “Los representantes del ministerio han mencionado en distintas citaciones al Congreso que hay una dificultad de la transferencia de los fondos por parte del Ministerio de Finanzas y luego las transferencias internas a los centros de costos y la ejecución de las distintas vías”, dijo.
La parlamentaria comentó que en estos momentos hay falta de insumos para las personas que están atendiendo la enfermedad directa e indirectamente como personal de limpieza. Resaltó que mínimo deberían de tener todos ellos una mascarilla N95.
José Toledo agregó que debería haber una mayor ejecución presupuestaria debido a que la situación actual lo demanda. “No debería haber trabas, no ejecutar en estos momentos en el área de Salud es corrupción y demandamos a que se ejecute esa ayuda social, pago a los médicos y compra de insumos”, expresó.
El abogado también resaltó que en el estado de emergencia en el que estamos se destruyen las trabas que hay para ejecutar. “Por algo es que el Congreso aprobó el Estado de Calamidad, donde se restringen muchas garantías y una de ellas es la formalidad que llevan los eventos públicos”, concluyó.
