La Cámara Guatemalteca de Periodismo se dirige a la población guatemalteca, a la comunidad internacional, y de manera particular al Ministerio Público y a las instituciones responsables de la seguridad y la justicia en el país, para manifestar su más profunda preocupación por las amenazas y la operación criminal denunciada en contra de Rodrigo Arenas, presidente editor del medio digital República GT, así como en contra de integrantes de su equipo editorial.
Según ha trascendido públicamente, no se trataría únicamente de amenazas o actos de intimidación aislados, sino de la planificación y articulación de una operación concreta orientada a atentar contra la vida e integridad de un periodista y de su equipo, debido a su labor de investigación y fiscalización sobre estructuras vinculadas al crimen organizado y al narcotráfico que habrían penetrado espacios de poder público.
Como gremio que agrupa a profesionales del periodismo guatemalteco, no podemos permanecer al margen ante un hecho de esta gravedad. Un ataque contra un periodista y su equipo no es únicamente un ataque contra personas: es un ataque contra el derecho de toda la sociedad guatemalteca a estar informada, y contra los cimientos mismos del Estado de Derecho.
Por lo anterior, la Cámara Guatemalteca de Periodismo:
- Denuncia públicamente las amenazas y la operación planificada en contra de Rodrigo Arenas y del equipo editorial de República GT, y exige que cese de inmediato cualquier acto de hostigamiento, intimidación o agresión en su contra.
- Exige al Ministerio Público la apertura inmediata de una investigación seria, independiente y exhaustiva, que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales, a los financistas y a cualquier estructura que haya participado en la planificación o ejecución de esta operación.
- Solicita al Ministerio de Gobernación, a la Policía Nacional Civil y a las demás entidades de seguridad del Estado la adopción de medidas urgentes de protección a favor de Rodrigo Arenas, presidente editor del medio digital República GT, y de todo su equipo editorial, en especial de Alejandro Palmieri, director editorial y José Fernando Orellana, director editorial, garantizando su vida, integridad y libertad de ejercer el periodismo.
- Convoca a la ciudadanía, a los medios de comunicación, a los organismos nacionales e internacionales de defensa de la libertad de prensa y al cuerpo diplomático acreditado en Guatemala a permanecer vigilantes ante este caso y a exigir, junto a nosotros, que se garantice la seguridad de quienes ejercen el periodismo en el país.
Este llamado se sustenta en el marco constitucional, legal e internacional que protege la vida, la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo en Guatemala:
- Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 2, deber del Estado de garantizar a los habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad y la paz.
- Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 3, derecho a la vida y a la integridad personal, que el Estado debe garantizar y proteger.
- Constitución Política de la República de Guatemala, Artículo 35, libertad de emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin censura ni licencia previa, derecho que no puede ser restringido por ninguna ley ni disposición gubernamental.
- Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, desarrolla el ejercicio de la libertad de prensa y el acceso irrestricto de los periodistas a las fuentes de información.
- Declaración Universal de Derechos Humanos, Artículo 19, derecho a la libertad de opinión y de expresión, incluida la libertad de investigar y difundir informaciones.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Artículo 19, protección de la libertad de expresión, ratificado por Guatemala como norma vinculante.
- Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), Artículo 13, libertad de pensamiento y de expresión, y prohibición de restringirla por vías indirectas como la violencia contra periodistas.
- Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH y Declaración de Chapultepec, que son estándares interamericanos que obligan a los Estados a prevenir, investigar y sancionar los atentados contra periodistas.
El periodismo no se silencia con amenazas.
La Cámara Guatemalteca de Periodismo reitera su compromiso de acompañar y defender a todo periodista y medio de comunicación que sea objeto de amenazas por el ejercicio legítimo de su labor, y continuará dando seguimiento a este caso hasta que se garantice la vida de los afectados y se haga justicia.
Cámara Guatemalteca de Periodismo “Sin libertad de expresión, sencillamente no hay libertad”