Por Héctor Castañeda
Era una normal, tranquila y fría madrugada en un ya lejano 25 de septiembre de 2006. Los 1647 reos de la Granja Modelo de rehabilitación Pavón, dormían… en instantes, la calma fue interrumpida por los motores de 3 tanquetas del ejército, y los gritos seguidos por la movilización de cientos de efectivos policiacos, militares y guardias de presidios, para dar inicio al operativo de seguridad más ambicioso del gobierno del Presidente Oscar Berger, la “Operación Pavo real” o la toma de Pavón, la prisión más grande de nuestro país.
Esta, de acuerdo con las autoridades, estaba en control de los privados de libertad, bajo el amparo de un “comité de orden y disciplina”. Sin embargo, tras el éxito inicial de la acción y luego de tomar el control del centro carcelario, los considerados héroes del operativo, Carlos Vielman Montes, Ministro de Gobernación; Erwin Sperisen, Director de la PNC, Javier Figueroa, Sub director policiaco y Alejandro Giammattei, Director de presidios, se convirtieron en villanos, ya que fueron acusados de ejecutar extra judicialmente a varios reos durante la toma de la cárcel.
Para nadie era un secreto de como era la vida en ese reclusorio, varios reportajes de medios escritos de esa época, describían como los reclusos administraban el penal, extorsionando, violando a familiares mujeres e incluso asesinando a quienes no se plegaban a las órdenes del Comité de Orden y Disciplina, liderado por Luis Alfonzo Zepeda, un petenero sentenciado por asesinato.
Se decía que dentro de la granja penal habían laboratorios de droga, tres para ser precisos, talleres con autos robados, armas e incluso suites de lujo, utilizadas por narcotraficantes condenados. Cuando ya las autoridades tenían el control del penal, alrededor de las 6:45, se escuchan disparos, era en el sector este del centro, allí llegó una tanqueta, decenas de agentes con fusiles de asalto e incluso francotiradores. Luego de una hora de enfrentamiento los agentes del estado abaten a 7 reclusos, entre los que se cuentan el narcotraficante colombiano Jorge Batres, apodado “el loco” y el jefe del comité, Zepeda, quienes de acuerdo con los agentes, murieron empuñando un fusil.
A las 9 de la mañana, Carlos Vielman y el General Bermudez, Ministro de la Defensa, dan una conferencia de prensa, donde informan los resultados del operativo y aseguran el control total del penal. Allí mismo Alejandro Giammattei informaba que los reos serían trasladados a la contigua Pavoncito, mientras la policía y el Ministerio Público trasladaba los reos fallecidos a la morgue del organismo judicial.
Unos días después el mismo Presidente de la Republica indicó que el operativo había sido estudiado, planificado y ejecutado con el aval y total conocimiento del Ejecutivo. La sociedad por completo aplaudió lo realizado, y se esperaba que lo mismo ocurriera en los demás centros de reclusión. Sin embargo, y para sorpresa de muchos, luego de algunos meses, el procurador de los derechos humanos, Sergio Morales; hizo públicos los informes forenses de los 7 reos fallecidos durante la toma de la granja penal, estos determinaban señales de tortura y disparos a quemarropa; lo cual contradecía los informes brindados por el Ministerio de Gobernación, además Morales fue más allá, y aseguro que se trataba de ejecuciones extrajudiciales, con lo que inició una investigación que llevaría años, en un largo proceso que incluso involucró varios países.
Carlos Roberto Vielmann Montes, Ministro de Gobernación. Absuelto por la Audiencia Nacional Española de los delitos de Ejecución extra judicial, año 2017
Erwin Johan Sperisen Vernon, Director de la Policía Nacional Civil. Condenado por un tribunal de segunda instancia de Cantón, Suiza; a Cadena perpetua por la ejecución extra judicial de 10 reos, 7 del caso Pavón y tres fugados de la cárcel el Infiernito.
Javier Figueroa Díaz, Sub Director de Investigaciones de la Policía Nacional Civil, absuelto de ejecución extra judicial por un tribunal de Austria.
Alejandro Giammattei Falla, Director del Sistema Penitenciario, absuelto del delito de ejecución extra judicial en Guatemala.
Víctor Hugo Soto Diéguez, Jefe de la Dirección de Investigación Criminal, condenado a 33 años y tres meses de prisión, por ejecución extra judicial.
Axel Arnoldo Martínez Arriaza, Investigador de la PCN, condenado a 25 años de prisión por ejecución extra judicial.
Víctor Manuel Ramos Molina, Investigador de la PCN, condenado a 25 años de prisión por ejecución extra judicial.
Aldo Stefano Figueroa Díaz, hermano de Javier, quien no estaba involucrado en los casos, y fue capturado en un operativo en búsqueda de su hermano por tener en su poder un pequeño arsenal, por lo que fue condenado a 15 años de cárcel por tenencia ilegal de municiones y armas de fuego de uso exclusivo del ejército.
Fotografía de Moisés Castillo, tomada de www.ridh.org
Jerson Ramos, tomada de Transdoc.