Despertar en la Ciudad de Guatemala signific… en la Ciudad de Guatemala significa estar programado para recibir noticias sobre algún asesinato ocurrido en la madrugada o en las primeras horas de luz. Han sido veinte años en los que se suman más de 90 mil homicidios a nivel nacional, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) recabados por el analista Carlos Mendoza en su monitoreo de muertes violentas.
Pero, la realidad del quinto país más violento de América Latina no es la misma en todas sus esquinas. Mientras que la capital y las poblaciones urbanas tratan de corregir los brotes que han alterado la paz de los ciudadanos, las poblaciones indígenas que hacen mayoría en el occidente del territorio cuentan con 40 municipios en donde no ha habido ningún asesinato durante los últimos dos años.
Sololá, Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, Chimaltenango, Quiché, Quetzaltenango, Sacatepéquez y Suchitepéquez; son los departamentos en donde se aglutina la mayoría de población indígena en el país. Es en esta área en donde también se ha concentrado la paz en 40 municipios sin homicidios durante dos años.
Compensando la ausencia del Estado
Según el informe de violencia homicida 2016 de Mendoza, “parece que las instituciones informales indígenas compensan positivamente la ausencia de Estado en estos municipios”.
Sololá es el departamento más pacífico con 11 municipios sin homicidios reportados en los últimos dos años, mientras que Huehuetenango ocupa el segundo puesto con siete. En Quetzaltenango y Suchitepéquez hay un municipio en cada uno en donde no hubo registro de asesinatos. Mientras en el extremo opuesto se encuentra Guatemala, con 65.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, Villa Nueva con 50.9, y Mixco con 37.9, siendo los más violentos. Los tres, representan la cuarta parte del total de homicidios en el país.
En contraste, Carolina Castellanos, de la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible ve con escepticismo la tesis de Mendoza. “Creo que es muy a la ligera deducir que por ser municipios de mayoría indígena no hay homicidios, porque si eso fuera cierto, se replicaría en todos los municipios y no solo en cuarenta. Hay que analizar otros factores como las capacidades de los líderes o alcaldes”, señala.
Pasajes ancestrales
Mientras la perspectiva de los capitalinos conservadores sobre la justicia reitera la oficialidad del sistema heredado de la antigua Roma, los pueblos indígenas se enmarcan en una dinámica donde se representan las prácticas de un programa de justicia no perseguidor, sino tejedor de relaciones sociales sanas aprendido desde hace más de cinco siglos.
Cada pueblo posee su propio órgano de administración de sanciones. “Eso tiene un gran impacto en la cantidad de casos que llegan al sistema oficial. Las autoridades atienden los conflictos en la jurisdicción indígena y así se resuelven sin pasar por los procesos oficiales”, comenta Pedro Ixchiú, abogado experto en derechos de los pueblos indígenas.
Pero, la justicia maya proviene a su vez de la cosmovisión maya en donde se encuentran principios ancestrales para la convivencia y el desarrollo de la sociedad. Una sociedad que ha marcado distancia de la violencia por la forma en que se construye.
“Es importante apuntar que la cosmovisión maya, -que debe entenderse como un sistema de pensamiento que guía el actuar humano y no como una religión (cosa que no es)-, se fundamenta en una estrecha relación del ser humano con la naturaleza, en donde la humanidad es uno de los muchos elementos presentes en ella. Por lo tanto, hablando desde la cosmovisión, sí podríamos encontrar las raíces de una relación de respeto a la vida”, Indica la antropóloga Lucia Pellecer.
Así lo explica Eliú Orozco, integrante del consejo coordinador del Consejo de Pueblos Indígenas (CPO). “A partir de los principios de respeto, solidaridad y convivencia pacífica, el pueblo maya ha desarrollado elementos fundamentales basados desde el enfoque de la cuatriedad”.
El concepto de la cuatriedad es utilizado, según Orozco, como una brújula que guía los comportamientos para mantener una vida de paz.
El primero, el Sac B´e, el camino de la pureza. El desenvolvimiento recto desde el nacimiento hasta la maduración del individuo. Complementa el N´oj, como el conocimiento y la sabiduría, en donde se aprecia la participación de la mente como centro de análisis para la evolución. Encontrado con el tercer elemento, el Iq´, que se convierte en el armonizador entre la vida del ser humano y la naturaleza que lo rodea, cada ser tiene un papel en la vida de todo el sistema, por eso el respeto hacia todos es prioridad. Por último, el Kiej como la autoridad, es la finalización de un proceso evolutivo, cada uno desde su propia esencia puede nacer con la vocación, pero tiene que pasar por un proceso de maduración para llegar a ese nivel.
El proceso de sanciones
Desde la perspectiva urbana y mestiza que pide la restitución de la pena de muerte para combatir la inseguridad, la justicia maya es denigrada por la utilización de penas que, aunque no llega a la mayoría de los casos, permite los azotes.
Y así, con principios de solidaridad entre convivientes de una sociedad, Ixchiú explica que el tratamiento de un conflicto en las poblaciones indígenas comienza en la familia, si esta fracasa, serán los padrinos que tratarán de interceder. De no haber arreglo, pasa a los enlaces externos, como los líderes religiosos, pero la última instancia es la autoridad indígena.
“Es un procedimiento eminentemente conciliatorio que al fin de cuentas trata de llegar al arreglo directo entre las partes. La identificación del agresor es importante porque cuando él le pide perdón público o le repara la agresión, hay posibilidades para dar el perdón”, es la reflexión del abogado.
Sin embargo, existen distintas medidas aplicables a quien infrinja las normas sociales de convivencia pacífica, apunta Ixchiú, que se podrían determinar, en algunos casos, como niveles de actuación para imponer sanciones.
En el primer nivel están las sanciones morales que incluyen llamadas de atención o la solicitud del perdón público. Si la falta establece algún costo para el afectado, el segundo nivel es el de sanciones económicas, en donde se paga el valor de los objetos robados, y en este apartado, Ixchiú hace una anotación, “la calificación de delitos leves, graves o gravísimos no aplica en los procedimientos mayas porque depende de cada caso”.
Por ejemplo, “puede que sean Q500 los robados, pero eso podría ser el sostén de una familia, entonces no es leve, es gravísimo”, enfatiza. Es por eso que en este segundo nivel, la cuantificación de los daños va más allá de lo afectado visiblemente, es una reparación digna.
Como tercer peldaño de sanciones está el trabajo colectivo. Se instruye a los condenados a limpiar algunos sitios importantes de la comunidad, a construir caminos, y, a veces, se les cuelga un letrero donde se lee “Soy ladrón”, o la falta que hayan cometido.
El cuarto nivel (que no el más grave) impone las sanciones físicas. Es aquí en donde la controversia se atiza y refuerza los estereotipos de una justicia maya que lincha por todo, y no es así, dice Pedro Ixchiú, porque es una sanción deliberada, no es un acto arbitrario, antojadizo o al azar. “En la mayoría de los casos en los que se aplican las sanciones físicas se hace porque son reincidentes o porque hay una seria gravedad de la falta que se cometió”, señala el abogado.
Sin embargo, el peor castigo es el destierro, es el quinto nivel. “La expulsión de la comunidad representa un gran temor para los pobladores porque significa desarraigarse de todo y de todos. Es cambiar de vida”, refirió el experto.
Los 40 municipios sin homicidios
Por dos años consecutivos estos municipios no han registrado un solo homicidio, según el Informe de Violencia Homicida elaborado por el investigador Carlos Mendoza. Estas comunidades están esparcidas dentro de diez departamentos. Sololá es el que más municipios pacíficos posee. En este mapa podrá definir la localización de cada municipio, todos pertenecen a Occidente, el lado del país con población mayoritariamente indígena.
Lo inimaginable
La idea de permanecer en un sistema judicial maya y que sea reconocido por la Constitución en las próximas enmiendas que se realizarán en el Congreso de la República, no es suplantar al sistema oficial, según los expertos consultados.
Mario Itzep, del Observatorio de Pueblos Indígenas, considera que la justicia maya es meramente preventiva y reparadora. “Cuando se habla de prevención es porque los victimarios saben cuál es la sanción y que esta será pública y afectará su moral. Son candados que se ponen para frenar la violencia”, expresó.
“Cuando se pide que se reconozca por mandato constitucional es porque a veces hay delitos que ya fueron reparados a través de la justicia maya, pero llegan al sistema y ahí se vuelve un proceso extenso y que deriva, en muchos casos, en corrupción para favorecer al victimario”, apuntó Itzep.
Castellanos considera que es inconstitucional que se reconozca el sistema de justicia maya, pues el artículo 4 de la Carta Magna establece que “en Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos”. “Seríamos un país de salvajes, seríamos 17 millones de ciudadanos salvajes porque no habría una definición de justicia unificada”, agrega.
Y, es que a pesar de que el artículo 66 de la Constitución consigna, sobre la protección de los grupos indígenas de ascendencia maya, que “el Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social (…)”, el artículo 203 le da la espalda a cualquier forma de autoridad judicial no oficial cuando expone que “La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia”.
Entonces, no todo puede ser conocido por el sistema jurídico maya, dice Ixchiú. “Pueden conocer los delitos contra la vida y eso es discutible. Pero no se pueden resolver los delitos de crimen organizado, lavado de dinero, de lesa humanidad. Esas son responsabilidad del Estado”, advierte.
Para solucionar el dilema del pluralismo jurídico, Castellanos recomienda que “el sistema debería propiciar que si un juez se nombra para actuar una región determinada debería, por obligación, hablar el idioma local”, aunque hace una acotación, “recordemos que el idioma oficial es el español”.
Así, Guatemala se divide en dos polos, uno, que no reconoce el derecho de las comunidades indígenas para establecer sus propios sistemas jurídicos, y el otro, que visualiza una gran muralla de prejuicios contra tradiciones ancestrales. Es lo urbano contra lo rural, lo indígena contra lo mestizo, la violencia contra la paz.
Para lograr una evolución de la multiculturalidad hacia la interculturalidad, Pellecer expresa que “un aspecto trascendental es lograr el conocimiento y reconocimiento mutuo. Reconocer la diversidad con que cuenta nuestro país, pero hacer que esta diversidad trascienda los discursos exoticistas y turistizados del “ser indígena”, del “ser de oriente”. Incluso, romper con estereotipos que se construyen como barreras para provocar una comprensión mutua basada en el respeto”.
*Fotografía Portada: Defensoría Maya