Desde el momento que se está produciendo, dos días antes de las elecciones, pues eso ya es relevante para la opinión pública, para la ciudadanía, consecuentemente si es mediático”. – Mario Fuentes Destarac.
El Ministerio Público y la CICIG están realizando allanamientos por un supuesto caso de corrupción en la Municipalidad de Guatemala, conocido como “Caja de Pandora”, que fue revelado en 2017. En aquel momento, el entonces alcalde, Álvaro Arzú, fue señalado de haber recibido bienes y servicios para su campaña política por parte de Byron Lima, los cuales habrían sido pagados con fondos municipales.
El jefe edil mantuvo su inmunidad por una decisión judicial, luego de la solicitud de antejuicio que hicieran en su contra.
Ahora, a pocos días de las Elecciones Generales de 2019, se realizan operativos en la comuna capitalina.
Para el abogado Mario Fuentes Destarac, las decisiones o resoluciones judiciales se pueden adoptar en cualquier momento. Existió mucho tiempo para hacerlo, pero en este instante, justo dos días antes de las elecciones, que se produzcan este tipo de acciones judiciales, obviamente llaman un poco a la duda.
Hasta el momento han sido capturadas dos personas:
Luis Pedro Villanueva Mirón, acusado de peculado por sustracción, fraude y financiamiento ilícito electoral. Es el actual concejal tercero.
Héctor Adolfo Cifuentes Mendoza, sindicado de peculado por sustracción, fraude y financiamiento ilícito electoral. Es el secretario general de la Municipalidad de Guatemala.
Los allanamientos se han realizado en las zonas 14, 15, y 16.
En redes sociales empezó a circular un audio, en el que se escucha al alcalde Ricardo Quiñonez, quien aparentemente tenía información desde la noche del jueves sobre los allanamientos que se realizarían en la alcaldía.
Se intentó hablar con Quiñonez, pero no atendió a las llamadas; igual actitud evidenció el vocero de la municipalidad, Carlos Sandoval.
Para el profesional del Derecho, José Toledo, este tipo de allanamientos que realizó el Ministerio Público es una clara violación a la ley, pues se dan a pocos días de las elecciones.
Se configura un delito que se denomina abuso de autoridad con propósito electoral, ya que el hecho se produce a pocas horas de que se cierre el proceso electoral y a menos de 48 horas de las elecciones (…) es claro el abuso, porque utilizan a un juez de urgencias que no conoce el caso (…) no cabe duda de que es una conspiración política”. – José Toledo, abogado.
ARTÍCULO 407 “G”. Abuso de autoridad con propósito electoral.
El funcionario o empleado público que utilice su autoridad o ejerza su influencia para beneficiar o perjudicar electoralmente a una organización política será́ sancionado con prisión de uno a tres años, e inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe.