No fue nada agradable, pero junto con el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil (PNC) tuvimos que ver una y otra vez dos vídeos que Los Zetas en Guatemala usaron como prueba de vida para exigir US$1.1 millones a la familia de un jovencito de 12 años. Se trataba de Rony Hernández, quien fuera secuestrado en octubre de 2011 en Chiapas, México, por un grupo de narcotraficantes que le interceptó el paso al mototaxi propiedad de su padre, Enrique Hernández, empresario de esa localidad.
Sabíamos por un informante que recién un comando urbano de esa organización de narcotraficante se había afincado en Huehuetenango y que había empezado a extorsionar, asaltar, violar y robar a comerciantes y familias de la cabecera departamental. Sabíamos también que ese grupo de desalmados había ejecutado el secuestro del menor Hernández en Chiapas, gracias a la información proporcionada por la inteligencia de México.
Pero en realidad estábamos con los ojos vendados. No teníamos mayor información y los vecinos de la localidad tenían miedo de hablar; Los Zetas ya habían ejecutado a cambistas poderosos de la frontera entre Guatemala y México.
Los equipos de inteligencia desplegados en el lugar no lograban encontrar indicios sobre la posible casa de seguridad en donde se encontraba el menor mexicano. La angustia que la familia vivía durante semanas se trasladaba a nuestros equipos, que sin mayores resultados cerraban las libretas policiales por la noche con la esperanza de encontrar algún rastro o alguna evidencia al siguiente día.
En el primero de los vídeos se observaba cómo un victimario gordo agredía al menor al tiempo de ofender a la familia de la víctima. El trato era cruel, la imagen angustiante y desgarradora y apenas se podía contener la respiración. El menor suplicaba que se pagara el rescate y que literalmente no se hablara con la ley. “Paga Pa. Paga. No hables con la ley, por favor”, suplicaba. Junto a él había otras dos víctimas que aparentaban ser de bandas contrarias por la forma en que estaban amordazadas. A los pocos días del primer vídeo supimos sobre el aparecimiento de dos cuerpos torturados en un municipio cercano a la cabecera departamental de Huehuetenango.
En el segundo vídeo, aun más desalmado, se observaba cómo uno de los secuestradores Zetas hacía heridas en el brazo del menor, provocando sangrados profundos. El tono de la voz del negociador era desafiante y amenazaba con asesinar a la víctima.
Estábamos contrarreloj. Habían transcurrido 35 días desde que el menor fuera secuestrado brutalmente de su natal Chiapas, pero finalmente vino el dato que nos dio esperanza.
Nuestros equipos de inteligencia habían logrado procesar la información que se obtuvo de las computadoras portátiles de otros narcos Zetas que fueran detenidos en una fiesta en Ixcán, Quiché, ocurrida en julio de ese mismo año. Se logró obtener información geo-referencial del teléfono de uno los cabecillas y los números telefónicos con los que frecuentemente se ponía en contacto, en especial con aquellos ubicados en Huehuetenango.
De inmediato los oficiales de la Policía pidieron a los fiscales contra el crimen organizado que solicitaran la intervención judicial de esos números. En caso de secuestro la escucha telefónica tiene prioridad por tratarse de situaciones de vida o muerte.
Las conversaciones entre los secuestradores y los padres de la víctima permitieron el asesoramiento del Comando Antisecuestros de la PNC para aplazar el pago y reducir el monto, mientras se ganaba tiempo para ubicar la vivienda.
Finalmente, el día 41 de cautiverio, justo el 27 de noviembre de 2011, la llamada del Jefe del Comando Antisecuestros entró a mi celular. “Comandante, tenemos la vivienda ubicada y confirmamos que la víctima se encuentra ahí adentro. Permiso para proceder”… Fueron segundos interminables. Pasó por mi mente el esfuerzo de estos hombres, investigadores y la angustia de la familia. No es una decisión fácil autorizar que las fuerzas de seguridad ingresen abruptamente para liberar a una víctima de secuestro. “Que Dios los acompañe. Proceda”, confirmé.
Tras quince minutos de silencio mi teléfono sonó fuertemente. Era de nuevo el Jefe de la Fuerza de Tarea de Antisecuestros, quien me confirmaba la liberación de la víctima y la captura de tres personas que vigilaban al menor.
De inmediato me comuniqué con el Presidente para darle la buena noticia y que informara a su homólogo mexicano, Felipe Calderón, quien había estado en comunicación constante y al tanto del caso durante el tiempo que duró el plagio. “Voy a mandar una avioneta con un funcionario de la Embajada de México para que se regrese contigo al aeropuerto La Aurora. El Presidente de México enviará un avión de la fuerza aérea que llevará a la familia a reunirse con su hijo. Felicítame a todos los muchachos”, me dijo.
Entre tanto, yo me trasladé a la casa de cautiverio, pues me encontraba en la cabecera de Huehuetenango desde la noche anterior, cuando ya se había planificado el asalto a la vivienda. Era una casa con tres habitaciones de bloc rústico, lámina nueva, piso de cemento y con ventanas selladas con madera. Estaba estratégicamente ubicada la cima de una colina sin más viviendas alrededor y con siembra.
Al llegar al lugar, observé a los capturados y constaté la detención del tipo obeso que torturaba al menor. Pedí al Jefe de Tarea que me llevara con el niño para conversar con él y verificar su estado. Al observarlo me quedé sin palabras y alcancé a decirle, “mijo, estás a salvo”. “Gracias. Ya no aguantaba”, susurró.
Justo estábamos por salir de la habitación en donde lo habían liberado cuando escuché una ráfaga de fúsil. Sujeté al menor y lo resguardé junto a las paredes de la habitación. De nuevo escuchamos varias detonaciones. Esta vez hubo intercambio de disparos entre las fuerzas de seguridad y alguien que disparaba desde la altura de la colina. Finalmente informaron que el perpetrador había sido abatido en medio de este hecho.
Tras varios días de no verse al rostro padre e hijo de volvieron a encontrarse. La justicia se encargó de procesar a William Roberto López, Faustino Andrés Miguel y a Claudia Leticia Muñoz Castillo, a quienes se ligó a proceso por los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro y portación ilegal de armas de fuego.
BLOG CARLOS MENOCAL
Periodista de formación y socialdemócrata por convicción, aunque prefiero correrme más a la zurda. Trabajé en tres periódicos y una radio, desde donde aprendí que los periodistas somos almas salvajes que galopan junto a la libertad de expresión.