Este viernes, una nueva jornada de protestas tomó la capital de Honduras. Por segundo día consecutivo, los manifestantes respondieron a la convocatoria Plataforma en Defensa de la Salud y Educación para un “Paro Nacional”.
El Colegio de Médicos de Honduras, colegios magisteriales del país, estudiantes de medicina y maestros tomaron las calles para exigir la derogación de los decretos PCM 26 y 27, los cuales decretaron una emergencia en las secretarías de educación y salud.
Los manifestantes argumentan que los decretos aprobados en julio de 2018 podrían permitir la privatización de los sistemas educativos y de salud pública, así como despidos masivos.
Además de exigir la derogación, las protestas exigen la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández, quien asumió el poder en 2018.
Hernández aclaró en conferencia y en redes sociales, que “no existe ni ha existido interés en privatizar ni en hacer despidos masivos; estamos abiertos al diálogo amplio, sincero, transparente”.
El ministro de la Presidencia, Ebal Díaz, y el ministro de Educación, Arnaldo Bueso, también sostienen que dichos decretos no privatizan los servicios.
Tensión y enfrentamiento en las calles
“Fuera JOH (Juan Orlando Hernández)”, “te quiero atender y no tengo con qué”, eran algunas consignas que se leían en pancartas y mantas durante las marchas.
Desde temprano, se registraron protestas en el Distrito Central, Comayagua, San Pedro Sula y El Progreso.
Medios locales reportaron que el jueves recién pasado, unas 8 mil personas salieron hacia el Aeropuerto Internacional Toncontín.
“Estamos en paro definido, hasta que el Gobierno derogue los PCM (decretos) nos sentamos a dialogar y nosotros volvemos a nuestras aulas de clases”, explicó el maestro Edwin Galindo a la agencia EFE.
El enfrentamiento con la policía comenzó cuando unos manifestantes, con el rostro cubierto, intentaron bloquear el tránsito.
Lanzaron piedras y quemaron llantas, a lo que las fuerzas de seguridad respondieron con bombas lacrimógenas.
Autoridades del Colegio Médico de Honduras mencionaron a los medios que ese país vive en un “Estado de represión” y se mantuvieron firmes en el rechazo a los decretos.
Comercios y edificios institucionales cercanos cerraron sus puertas. Autoridades del aeropuerto también suspendieron temporalmente operaciones y procedieron al desvío de vuelos.
Los puntos fronterizos de Honduras con El Salvador, Nicaragua y Guatemala también fueron bloqueados, según la oposición Alianza Libre.
A eso de las 13:30 horas del viernes, manifestantes prendieron fuego a neumáticos colocados en la entrada principal del edificio de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa.
Pocos minutos después, el cuerpo de bomberos llegó a extinguir las llamas. No se registraron heridos o detenidos por el hecho. El Departamento de Estado calificó la acción como “inaceptable”.
La Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) expresó en redes sociales su preocupación por los hechos de violencia en Honduras.
“La Comisión recuerda al Estado el deber de abstenerse de hacer un uso desproporcionado de la fuerza”, publicó.
En un intento por frenar lo que se venía, Hernández aprobó el miércoles un decreto que garantiza la no privatización de los servicios de salud y educación, pero no fue suficiente para evitar el paro.
Este viernes, el gobierno reiteró su llamado al diálogo. “El Gobierno de la República invita muy respetuosamente a los sectores a iniciar un diálogo hoy sin condiciones”, dijo el ministro Díaz.
Entre protestas y la DEA
El jueves, el presidente confirmó en un comunicado que él y varios de sus colaboradores fueron investigados por la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.
En el comunicado se aseguró que “no se encontró evidencia contra el presidente”. Además, detalla que la investigación realizada en 2015 no encontró indicios para presentar los cargos contra los funcionarios.
Supuestamente, Hernández forma parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia desde 2013. Este grupo participa “en actividades de gran escala de narcotráfico y lavado de dinero, relacionadas con la importación de cocaína en los Estados Unidos“.
Se desconoce si la investigación continúa abierta o si se presentarán cargos contra los funcionarios mencionados.
Fotos: La Voz de América, Criterio.hn, Notibomba, Reuters, Periódico Correo, Telesur, El Periódico, Tenemos Noticias, Twitter.