En Guatemala se calcula que más de dos millones de personas padecen algún tipo de discapacidad, de las cuales el Estado solo ha atendido a menos de la mitad. Hace dos años, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas hizo un llamado acerca de la preocupación sobre las violaciones de los derechos de las personas con esta condición (mujeres, niñas y niños), más en las comunidades indígenas.
La Red Nacional para las Personas con Discapacidad de Guatemala (RENADISGUA) insta al Estado, con urgencia, para que se pueda armonizar la legislación con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con el propósito de activar programas de prevención y de formación del recurso humano en salud, para garantizar la atención de las personas con esa condición y sus familias. Asimismo, que tengan acceso a un trabajo digno y permanente para asegurar su independencia.
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A través de la verificación del proyecto “Promoviendo los Derechos de las Personas con Discapacidad”, con el respaldo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo, se detectó que las zonas rurales y comunidades indígenas son los lugares con más casos de niños con discapacidad, quienes mueren por la carencia de servicios de salud básica y recursos económicos.
Dicho proyecto impulsa las acciones de formación y sensibilización de los padres de familia, estudiantes, maestros, periodistas y autoridades locales, en los departamentos de Guatemala, Huehuetenango, Chimaltenango, Quetzaltenango, Alta Verapaz y Baja Verapaz.
RENADISGUA hace énfasis en materia educativa para que en la asignación presupuestaria del 2019 se pueda revisar la cantidad de niños y jóvenes con discapacidad, para que se pueda capacitar a maestros, pedagogos, psicólogos, entre otros profesionales en esta materia, a pesar de que la Ley de Educación Especial ordena que exista un coordinador y asesor departamental para que se atienda la demanda.
En el caso de Petén, San Marcos y Quetzaltenango solo existen tres asesores, de los cuales no hay congruencia con la cantidad de población estudiantil con discapacidad. La Convención manda que haya atención especial, pero la falta de esfuerzos no permite que pueda estar en una escuela o trabajo digno.
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La Política Nacional en Discapacidad y la falta de datos sobre la población con discapacidad, son temas que urgen y deben tomarse como prioridad, según la Convención, que solicita también al Tribunal Supremo Electoral garantizar las condiciones necesarias para que las personas con esa condición puedan votar durante el proceso electoral 2019, tal como está establecido en la Constitución y en el artículo 29 de la Convención.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la inclusión es la responsabilidad y un compromiso que debemos adquirir todos en la sociedad, sumando los esfuerzos que el Estado debe alcanzar para ser un país más inclusivo para las personas con discapacidad y sus familiares.
¿Qué estás haciendo para hacer este mundo más inclusivo?
Fuente: RENADISGUA