Desde que iniciamos esta nueva década, se han vivido desapariciones y muertes de mujeres de distintas y muy crueles formas, algo que ha unido a las guatemaltecas en un movimiento donde lo único que buscan es poder vivir en paz en nuestro país. Una de las herramientas para poder detener estos abusos ha sido la Ley de Femicidio, que parte de su objetivo, es la protección a la mujer de abusos que le proporcionen, pero lastimosamente, una oscura sombra cubre esta ley.
Recordemos aquel caso donde esta ley fue utilizada de mala manera por la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, tras denunciar por violencia psicológica a un periodista, así mismo en el 2018 una juez le otorgó medidas de seguridad y protección a Sandra Torres, por denuncias que ella presentó en contra del mismo periodista, silenciando así a que la prensa se acercara a ella. Patricia Sandoval utilizó la misma Ley en contra de un compañero de su bancada y aprovechó sus beneficios.
En el 2018-2019, 100 mil 187 casos de femicidio en los 22 departamentos de Guatemala, fueron ingresados a la fiscalía de la mujer. Pero según el dato estadístico oficial brindado por el MP, se llegó a la conclusión que el 75% de estos casos fueron desestimados. Hablamos que aproximadamente 75 mil hombres fueron afectados con denuncias falsas, un dato que es realmente preocupante.
La historia que conocerás a continuación, es una de muchas donde un propietario fue despojado de su negocio al ser utilizada esta ley de mala fé.
*Aclaración, los nombres utilizados en la nota fueron modificados, esto por la protección de los implicados y victimas*
Roberta y su esposo, se quedan con un gimnasio utilizando la ley de femicidio de mala manera y a su favor.
Esta historia inicia con la denuncia de la trabajadora y ahora propietaria de un gimnasio ubicado en zona 18, Roberta, quien acuso a su jefe Pablo, fundador de la marca, de que supuestamente, la había tratado de ladrona y estafadora, todo por una deuda que tenía su esposo Iván, quién era administrador del gimnasio, con él. Por esa razón, es que el 3 de mayo 2018, lo acusa de feminicidio y un juez dicta medidas de seguridad en favor de la denunciante.
Comienza la demanda
En el memorial, la denunciante dice: “Tengo 2 años de ser la administradora del Gimnasio, al principio estaba bien la relación con mi jefe, pero después llegaba y como todas somos mujeres, nos decía que nosotras no servíamos. Hace tres semanas me di cuenta de que los insultos eran hacia mi persona.”
En el documento oficial, Roberta (la denunciante) resalta que el verdadero problema era que su esposo Iván, tenía una deuda con Pablo, propietario y fundador del gimnasio, y que ella la tenía que pagar, pero como no tenía para hacerlo, Pablo le dijo que ella lo había estafado y que era una ladrona, pero ella le dijo que no fue quien hizo el trato con él, sino su esposo y que no sabía el acuerdo al que habían llegado.
En el mismo documento, Roberta asegura que su jefe no la ha despedido. “Yo no he renunciado porque yo aporto a mi familia y no puedo quedarme sin trabajo, pero quiero que se investigue este caso por los maltratos hacia mí y que se procese penalmente contra Pablo, aunque sé que por esta acción voy a tener que renunciar, pero lo que busco es que no se quede sin hacer justicia”.
Las acusaciones de Roberta, surten efecto inmediatamente.
El 2 de mayo de 2018, el Juzgado que conoce el caso, dicta medidas de seguridad y protección a la acusadora y en contra del propietario del gimnasio donde trabaja.
La resolución señala: “La agraviada pudo ser víctima de un hecho delictivo, por lo que con el fin de garantizar su vida, integridad, seguridad y dignidad se dictan las medidas de seguridad en contra del presunto agresor, quien tiene la prohibición de intimidar, perturbar a la Roberta en su residencia, lugar de trabajo, lugar de estudio, incluso en vía pública, así como cualquier medio electrónico y redes sociales por un lapso de dos meses (60 días).”
Llegó el 22 de junio del 2019, Pablo es notificado de la resolución emitida en su contra por el juzgado de feminicidio y toma la decisión de alejarse de su gimnasio en zona 18 y demás sedes, para evitar ser detenido por la fuerza pública, esto debido a las mentiras que Roberta había proferido en su contra en una denuncia espuria.
Iván, en lugar de ordenar las acciones, lo que hizo en contubernio con su esposa, fue alejarse del gimnasio con la medida de seguridad que fue solicitada con las acusaciones falsas. En este lapso de tiempo, Iván pasa el gimnasio a su nombre, por lo que ahora su esposa Roberta es la que vende las franquicias de la firma.
En mayo de 2018, Pablo hace la consulta ante el Registro de la Propiedad y se da cuenta que la marca ya no estaba a su nombre, si no a nombre de Iván, el esposo de Roberta.
Así se fraguo la estafa
El 25 de enero de 2019, Iván, bajo la dirección y procuración de abogados, presentan una denuncia penal contra Pablo, ex director del gimnasio, Luisa, representante legal inicial y el notario Miguel, abogado de gimnasio.
Los delitos que Iván imputa contra los acusados, es por falsedad material, falsedad ideológica, estafa propia, casos especiales de estafa, asociación ilícita y conspiración para cometer estafa, porque los acusados solicitaron a su costa un juego de copias del expediente en referencia.
En dicha acusación, se hace alusión a que los documentos, para acreditar la nueva representación legal (en favor de Luisa), eran falsos, en virtud de que los mismos fueron efectuados a requerimiento de personas que no están legitimadas para celebrar asambleas, ni han sido nombrados como representantes por los legítimos socios.
Pablo al ver esto, asegura que esta nueva denuncia fue planteada como argucia, para que el Registro Mercantil dejara sin efecto la cancelación de la representación legal de Iván, entonces la utiliza para que el Registro Mercantil y el banco donde tenía firma en las cuentas de la sociedad, revirtieran todo a su favor.
Venden franquicias
A finales del 2018, en las redes sociales del gimnasio, empiezan a comercializar franquicias, las cuales eran vendidas por Iván, enseñando proyecciones de crecimiento, al final quién firmaba los documentos de compra-venta era su esposa Roberta.
Las sedes son vendidas en Q150 mil que incluye mobiliario, equipo y cartera de clientes y recibir regalías a los seis meses de funcionamiento, por lo que las personas que las adquieren no reciben más que pérdidas y que ha obligado que sean cerradas las sedes de zona 18, Zona 11, Petapa, zona 4, entre otras.
Hombres que sufren de estos casos no denuncian
Anie Tello, abogada con más de 20 años luchando pro de las mujeres y presidenta de “Asociación Poderosas Deja tu Huella”, comenta: “La ley fue concebida para proteger a las mujeres, pero muchas de ellas por odio y venganza han utilizado la ley de femicidio de esta manera, estoy en desacuerdo con esto y me solidarizo con todas sus víctimas, hombres niños, etc. Condeno a todas esas mujeres que abusan de ella e invito a los hombres que sufren de muchos casos como violencia domestica a que renuncien a esto y denuncien estos maltratos ya que muchos no lo hacen porque creen que al hacerlo son poco hombres. No se vale que por venganza o resentimiento le den abuso a esta ley que se creó para protegerlas. Tanto el hombre como los hijos de estas parejas sufren de diferentes maneras por estas denuncias falsas.”
Este y más casos se han llegado a conocer alrededor de los últimos años, donde una Ley que tiene como objetivo proteger a las guatemaltecas se utilizan de una manera no correcta. Malos entendidos, remordimiento e incluso hasta con sentido de venganza han llevado a ser utilizada por mujeres, dañando la vida de miles de hombres encerrándolos en prisión, y que muchos, aún esperan su juicio desde los preventivos del país.