Las elecciones están a la vuelta de la esquina, los partidos ya están inscribiendo a sus candidatos y esperan el arranque para la propaganda. Sin embargo, cada cuatro años se presentan algunos problemas durante el período electoral.

Uno de los que más resalta es el ataque a los candidatos y a sus familiares, que ha teñido de sangre las elecciones.

En las elecciones de 2011 y 2015 hubo varios ataques que dejaron fallecidos a algunos candidatos. Solo en la campaña pasada se reportaron 20 personas muertas por la violencia, entre ellos alcaldes, concejales y militantes.

Según el informe de observación electoral de 2015, realizado por el Instituto Nacional Demócrata (por sus siglas en inglés NDI), se estableció que las manifestaciones de conflictividad electoral pueden ser clasificadas en dos categorías: las legítimas y las ilegítimas.

Las legítimas comprenden aquellas acciones que no recurren a la violencia, por ejemplo las protestas pacíficas, movilizaciones, plantones y paros. Las ilegítimas serían desde la agresión verbal, toma de centros de votación, destrucción de papeletas, hasta la muerte violenta de candidatos u otras personas.

“El total de casos registrados por los medios de comunicación durante el proceso electoral 2015 fue de 133”, resalta el informe de la NDI. El período registrado fue de mayo a octubre, septiembre fue el más violento.

Algunas de las víctimas

El 1 de marzo 2015, Marvin Alexander Samayoa y su esposa, María Guadalupe Soto, fueron abatidos a tiros en su vivienda. Samayoa se encaminaba a ser el aspirante a la alcaldía de Jalpatagua, Jutiapa, con el partido Libertad Democrática Renovada (LIDER).

También, por el partido LIDER, fue asesinado Orlando Guzmán, quien era candidato al Parlacen. Murió durante un ataque armado registrado el 11 de agosto de 2015, en el kilómetro 136 de la ruta al Atlántico, en Río Hondo, Zacapa.

Otro caso registrado fue el de Rigoberto Lima Choc, quien fue asesinado el 18 de septiembre de 2015, frente al Juzgado de Paz de Sayaxché, Petén. Tomaría posesión para el período de gobierno municipal de 2016 al 2020 y pertenecía a la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Horacio Quiñónez, candidato a alcalde de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, por el partido TODOS, murió baleado junto a su guardaespaldas. El ataque ocurrió el 22 de julio de 2015, en Nueva Concepción, Escuintla.


La historia se repite este año

A pesar que aún se está en tiempo de inscripción de candidatos, el 12 de febrero del presente año ya se han registrado varios ataques. Uno de ellos, el perpetuado contra Marvin Peña Cruz, aspirante a la alcaldía del municipio de Tiquisate, Escuintla.

Peña Cruz estaba integrado al partido Fuerza. Murió tras ser atacado a balazos, mientras se conducía a bordo de su motocicleta en dicha localidad.

Este partido ya lleva dos ataques contra sus candidatos. Aproximadamente 20 días o un mes, antes de la muerte de Peña Cruz, fue asesinado Arturo Tuc Caal. Él, era candidato a alcalde de Santa Catalina La Tinta, Alta Verapaz.


No hay seguridad suficiente

Daniel Tucux Coyoy, director de Mediación de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indica que ellos tienen a nivel interinstitucional una Comisión de Supervisión Electoral. El objetivo de la misma es defender, indagar y abordar la supervisión respecto a la violencia y situaciones de riesgo.

Uno de sus enfoques es la identificación de zonas, en donde pudieran haber situaciones de vulnerabilidad a los derechos humanos. Por ello, cuentan con un instrumento llamado “mapa de alerta”, sobre el riesgo en las elecciones.

“Hemos identificado una serie de municipios en donde históricamente han habido situaciones de confrontación. Por ejemplo, en el departamento de Sololá hay lugares en donde se refleja tensión social en situaciones de límites territoriales, un tema recurrente durante el proceso electoral”, señala Tucux Coyoy.

“Los candidatos se aprovechan del tema de falta de certeza en tema de los límites y lo utilizan también para sus beneficios electorales”, agrega Daniel. Además, resalta que hay varias variables identificadas como la falta de presencia policial en municipios, confrontación por diferencias entre los partidos políticos y la violencia organizada.

Tucux Coyoy concluye que es imposible brindar cobertura de seguridad por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), la cual cuenta con menos de 50 mil agentes para brindar la seguridad a todos los guatemaltecos.

Esto, tomando en cuenta que hay 3 mil 968 puestos a elección popular y que se multiplicarán por los candidatos que presenten todos los partidos. Lo que provoca que al final habrá más candidatos que policías en Guatemala.



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